Colprensa Viernes, 13 de febrero de 2015

El nuevo Plenum de la Fundación Universitaria San Martín tuvo su primera reunión con varias entidades del Gobierno, allí acordaron que la prioridad de los funcionarios es garantizar los derechos de los estudiantes, ayudarlos a culminar sus estudios y respaldar los derechos de los docentes del plantel educativo.

Los encargados de poner en cintura a la institución educativa son Germán Sierra, como presidente del misma, quien fue rector de la Universidad de Cartagena. Así mismo, Roberto Zarama, profesor de la Universidad de los Andes; Edna Bonilla Sebá, profesora de la Universidad Nacional de Colombia y Ángela Echeverry Arcila, exdecana del Medio Universitario de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana.

A la reunión asistieron funcionarios de la Defensoría del Pueblo así como representantes de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, no se hicieron presentes el Representante Legal, el Rector y el Vicepresidente Financiero de la San Martín, ni se hizo entrega de la información solicitada.

Debido a lo anterior, las directivas aseguraron que es de vital importancia que las personas citadas procedan a rendir los informes que ha venido solicitando el Ministerio de Educación desde el 26 de diciembre del año pasado. Por tal razón se convocaron nuevamente este viernes, allí los representantes se comprometieron a cumplir con dicha citación. En la convocatoria se reiteró la exigencia de acometer la información solicitada.

El Plenum reiteró su compromiso de dirigir la institución por el tiempo que dure las medidas preventivas del Ministerio de Educación Nacional, con un sentido de responsabilidad y bajo su conocimiento, capacidad de trabajo y experiencia para restablecer a la mayor brevedad posible la actividad académica. Igualmente, hicieron un llamado a la comunidad universitaria para que desde sus posibilidades, aporte a la compleja tarea que hoy emprenden para lograr dar resultados contundentes y con la prontitud que la comunidad necesita.

En días pasados, la ministra de Educación, Gina Parody, había dicho que con la intervención se demostraba que “la violación del derecho a la educación persiste, y la constitución y la ley obliga a este Ministerio a garantizar el derecho a la educación. Esta determinación es histórica para el país y refleja el firme propósito del Gobierno Nacional para mejorar la calidad de la educación superior”.

Y concluyó con un mensaje claro “esta decisión es una señal clara para los mercaderes de la educación. Con la educación no se pueden enriquecer patrimonios particulares. Las IES no son instrumentos para el enriquecimiento”.