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Juliana Ramírez Prado - jramirez@larepublica.com.co jueves, 25 de junio de 2015

Es decir, el proceso judicial radicado en acción de grupo en contra  de Incolbest S.A., Tecnología en Cubrimiento S.A., Eternit Colombia, Manufacturas de Cemento S.A., y el Congreso de la República, además de ser admitido hace poco por el Tribunal Superior de Cundinamarca, logró que se sumaran estas nuevas empresas, pues en capacidad de sus  funciones de control serían  también presuntas responsables de los daños y perjuicios ocasionados.

Guillermo Cáez, abogado representante de las víctimas y socio de Cáez, Gómez y Alcalde, manifestó que la demanda fue radicada a principio de año pero Ramiro Bejarano, apoderado de Eternit, interpuso una serie de recursos buscando dilatar el proceso y aunque el magistrado se tomó su tiempo, logró admitir la demanda.

Este material, que ha sido prohibido en 56 países y que al año logra cerca de 110.000 muertes, contempla dentro del proceso en Colombia 17 víctimas a las cuales se les sumaría próximamente cinco más y cerca de 25 personas que están en proceso de evaluación.

El Tribunal ordenó también la realización de una publicación en medios masivos de comunicación (la cual se hará en los próximos días) para que las personas que se sientan afectadas por alguna de estas empresas o por el asbesto puedan integrarse a la demanda. Incluso se podrían presentar para la respectiva acreditación hasta antes de la sentencia.

En Colombia se manipula el asbesto desde 1945 hasta la fecha y  las víctimas pueden llegar a contarse por miles. Se calcula que en el país más de 320 personas mueren anualmente a causa de este mineral.

Sin embargo, muchos de los afectados ha fallecido, por lo que su familia apenas vive el duelo del que ya no está, y otros están viviendo la enfermedad, lo que les impide pensar en tomar acciones.

Cuando se radicó el documento legal en enero, las pretensiones en reparación eran de $2.448 millones, aunque con las nuevas víctimas que se suman la cifra podría llega a superar los $4.000 millones.

“Aunque es una acción grupal, cuando se determinan los perjuicios y daños morales se hacen individualmente por cada persona y se le reconoce un porcentaje  del monto a pagar”, explicó Cáez.

Además del resarcimiento pecuniario, se pretende lograr una disculpa pública a las víctimas y que el Congreso coloqué en su agenda una regulación que suspenda el uso, comercialización y explotación del asbesto, así como la importación del material en los puertos terrestres, aéreos y marítimos.

Se espera que los próximos 45 días las empresas demandadas, incluido el Congreso de La República y el municipio de Sibaté, respondan a la demanda.

Antecedentes
De acuerdo con la Conferencia Internacional y Ocupacional desarrollada en 2014 por la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional, se calcula que en el país más de 320 personas mueren anualmente a causa de este mineral, que está prohibido en 56 países industrializados, como: Estados Unidos, Canadá, Suiza, Reino Unido, Turquía, Uruguay, México y Perú. En el mundo fallecen más de 110.000 personas en el mismo periodo. En 2013 el consumo mundial llegó a 2,1 millones de toneladas métricas.

Las opiniones

Guillermo Caez
Abogado de las víctimas

 “Aunque la demanda es una acción grupal, cuando se determinan los perjuicios y daños morales se hacen individualmente por cada persona y se le reconoce un porcentaje del monto a resarcir”.

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