Viernes, 3 de agosto de 2012

Desde 1962 el cerro viene siendo explotado comercialmente mediante la instalación de antenas de comunicaciones y datos, distintas a las de uso militar, y por las que un tercero, al parecer avalado, cobra arriendos y derechos para el uso de los territorios sagrados indígenas sin que estas fueran consultadas.

Hoy hay más de 480 antenas de uso civil que con la protección de unidades militares garantizan un negocio mimetizado bajo la cubierta de ser de 'Seguridad Nacional'.

Ocupación que para darle apariencia de legalidad lograron que el Concejo Municipal de Valledupar, el 30 de enero de 1964, les autorizara la titulación de 5 hectáreas mediante cesión gratuita protocolizada con la Escritura Pública N.°104 de 1965. Titulación para la que no estaba facultado el Concejo Municipal de la época por tratarse éstos de territorios baldíos nacionales cuyo trámite estaba reservado, de acuerdo con las leyes 200 de 1936 y 135 de 1961, al Incora. Máxime cuando esta última ley consagraba en su artículo 29 que no podían hacerse 'adjudicaciones de baldíos que estén ocupados por indígenas, sino con el concepto favorable de la División de Asuntos Indígenas' cosa que tampoco se cumplió. Pero las irregularidades no terminan ahí. El Mindefensa no sólo se demoró 13 años para registrar la Escritura Pública N.°104 en la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos sino que cuando lo hizo la porción de territorio ilegalmente titulado había sido declarado 'resguardo indígena'.

En enero de 1978 fue registrada la escritura de cesión ante la Oficina de Registro e Instrumento Público de Valledupar bajo el folio de Matrícula Inmobiliaria 190 – 2088 cuando ya el Ministerio de Gobierno de la época había emitido la Resolución 002 de 1973 que reconocía los hitos de la ?línea negra? y en 1974, mediante Resolución N.°113, se había creado y reconocido el Resguardo Arhuaco cuyos límites incluían el cerro 'Alguacil'. Reconocimiento que además por mandato del Decreto 622 de 1977 equiparaba los resguardos indígenas con los territorios declarados parques naturales nacionales limitando su titulación y registro.

Una segunda anotación se hizo en el folio de matrícula inmobiliaria, se trata de la Escritura Pública N.° 4549 del 23 de octubre de 2006 con la cual trataron de legalizar la construcción de una base militar con destino a las instalaciones del 'Batallón de Artillería N.°2 LA POPA'. Registro que no incluyó la infraestructura de las antenas instaladas y puestas en funcionamiento, entre ellas Movistar, y los tendidos eléctricos de la empresa Electricaribe, todas estas obras con las que no solo se violaron los territorios indígenas sino porque además las adelantaron sin el desarrollo de las consultas previas sin licencia ambiental ni con el pertinente Plan de Manejo Arqueológico para la protección de bienes de interés cultural.

Se pasaron por la faja la Ley 99 de 1993, la 397 de 1997 y desconocieron la Resolución N.°078 de 1988 con cual se reformó y confirmó la creación del Resguardo Indígena Arhuaco y la Resolución 837 de 1995 proferida por el Mininterior por la cual el Gobierno había delimitado el territorio tradicional indígena y circunscribió éstos, a efectos de su protección, a la diversidad cultural en favor de los territorios indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta de los pueblos ljka, Kággaba, Wiwa y Kankuamo demarcados simbólica y radialmente a través de los hitos periféricos de la 'Línea Negra'. Hoy hay más de 480 antenas en el cerro 'Alguacil', territorio sagrado de los Arhuacos, que constituyen un verdadero negocio particular y no un tema de 'Seguridad Nacional'. Negocio que está amparado por una escritura marcial ilegal y protegido con una base militar. 480 antenas que se erigen impunes a costa de la subsistencia, la cultura y las tradiciones de las comunidades indígenas Arhuacas.

Menos mal el Presidente Santos se posesionó simbólicamente ante estas comunidades.

¿Qué tal que no?.

ALEJANDRO ARIAS

alejandroarias@dialnet.net.co