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Judicial

Aseguradora Berkley International Seguros giró al Tesoro Nacional US$20 millones

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la empresa encargada del contrato solo ejecutó cerca de 8% de lo pactado, pese a haber recibido un anticipo equivalente a 50% del valor total

07 de enero de 2026

Sofía Alexandra Duarte Torres

sduarte@larepublica.com.co

Aseguradora Berkley International Seguros giró al Tesoro Nacional US$20 millones
Ejército
Canal de noticias de Asuntos Legales

Aviación del Ejército informó que la aseguradora Berkley International giró al Tesoro Nacional de Colombia al menos US$20 millones, como consecuencia del incumplimiento del contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17. Los recursos fueron exigidos por el Ministerio de Defensa tras verificarse las fallas en la ejecución contractual.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la empresa encargada del contrato solo ejecutó cerca de 8% de lo pactado, pese a haber recibido un anticipo equivalente a 50% del valor total, es decir, más de US$16 millones.

Los pagos recuperados corresponden a las gestiones adelantadas por la Dirección de Contratación del Ministerio, el Comando Financiero del Ejército, la Central Administrativa y Contable de Aviación y la supervisión del contrato.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, de la Brigada de Aviación No. 32; al exsecretario general del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamayo; y a Diego Alejandro Manrique Cabezas, asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación de esa cartera.

Según la investigación, el coronel Rincón Ricaurte, en su rol de gerente del proyecto, habría avalado de manera irregular prórrogas para la presentación de cotizaciones, participado indebidamente en la fase precontractual y certificado sin sustento la experiencia y capacidad técnica de Vertol Systems Company, pese a que el comité evaluador había descartado a ese oferente. Además, se le atribuye la modificación de estudios financieros y la aprobación de condiciones que impidieron verificar la real capacidad económica del contratista.

En el caso de Manrique Cabezas, la Fiscalía señala que habría intervenido en la elaboración y evaluación del estudio económico previo, alterando los requisitos financieros habilitantes y permitiendo la aprobación de una propuesta sin que se pudieran establecer indicadores clave como liquidez, rentabilidad y capacidad organizacional.

Por su parte, Mora Tamayo habría suscrito el contrato No. 012 de 2024 el 31 de diciembre de ese año, pese a conocer las irregularidades del proceso, y posteriormente autorizó la modificación de la forma de pago, aprobando un anticipo de 50% del valor del contrato. Dichos recursos fueron consignados en una cuenta del contratista en Estados Unidos.

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