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Colprensa Martes, 2 de septiembre de 2014

Manuel, Miguel y Guido Nule y su socio Mauricio Galofre aceptaron su responsabilidad en la totalidad de los cargos por los cuales se les acusa dentro del carrusel de la contratación en la capital del país. Ahora están a la espera de una nueva condena que podría ser de ocho años y sumada a la que tienen por el delito de peculado de 14 años, les daría una pena global de 22 años de prisión.

Todo esto pondría fin a una etapa judicial que inició en 2011 y por lo que los Nule y su socio Galofre han completado tres años y medio en prisión. Sin embargo, existe una duda frente a los dineros, y es que pasó con los $600.000 millones que le adeudan al Estado por el incumplimiento de los contratos. Según los abogados la deuda ya fue cancelada en su totalidad.

Aseguradoras pagaron
“En el caso de la 26, la póliza de Segurexpo fue cobrada por el IDU, y en la actualidad no se le debe un centavo al Estado por ese contrato. Se pagaron cerca de $78.000 millones de la deuda, más $68.000 millones por intereses correspondientes a lo que hizo falta para culminar el contrato de la 26”, señaló el abogado Hernán Miranda, defensor de Mauricio y Miguel Nule.

En cuentas se habrían pagado cerca de $146.000 millones por un contrato que tuvo un costo de $315.380 millones y tenía como fin el arreglo de la Calle 26 en Bogotá.

El abogado agregó que en referencia a los contratos de la malla vial también se cubrió la deuda con el Estado. “No puedo especificar el monto de los dineros, porque esto todavía hace parte de la etapa procesal, pero esa deuda fue cancelada con las pólizas que se adquirieron por un costo de $8.000 millones, cada una, antes de firmar el contrato de la malla vial. Lo cual es un requisito de ley para poder contratar con el Estado”, señaló el abogado Miranda.

Agregó, que toda esta documentación está certificada y la tienen en su poder las entidades veedoras del proceso y serán dadas a conocer antes de que se dicte la nueva condena.

Esto en referencia a los contratos 071 de 2008, que tuvo un costo aproximado de $87.318 millones, dinero que debía haber sido invertido en arreglos de malla vial. Más el contrato 072 de 2008, que costó $100.487 millones.

Sin embargo, otra opinión es la que tienen las víctimas: “se debe solicitar una audiencia de reparación donde se debe establecer el monto de los perjuicios causados a las víctimas reconocidas por la Fiscalía”, dijo Orlando Bernal, abogado que representa a las víctimas del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

De otro lado, la Fiscalía no descartó solicitar una audiencia de reparación para fijar la suma que deberán cancelar los Nule para resarcir el daño causado a otros acreditados en el proceso penal.

Medida con la que están en desacuerdo la defensa de Miguel, Manuel y Guido Nule y Mauricio Galofre, pues para ellos estos ya cumplieron tanto con la justicia como con las deudas económicas.

Buscan condena unificada
El próximo 13 de noviembre, en los juzgados de Paloquemao de Bogotá, se dará a conocer la condena contra Manuel, Miguel y Guido Nule y su socio Mauricio Galofre. Su defensa espera lograr una pena global de ocho años de prisión.

“Después del 13 de noviembre se conocerá la nueva condena que esperamos sea de ocho años de prisión. Esta será sumada a la de 14 años establecida por el delito de peculado. Ambas serán enviadas a un juzgado de ejecución de penas en Bogotá, donde se hará la acumulación jurídica”, dijo el abogado Hernán Miranda.

Sostuvo, además, que “nosotros esperamos que tiempo físico de prisión paguen 7 y 8 años de prisión. Ya llevan casi cuatro años presos. Han cumplido con los acuerdos económicos y su colaboración con la justicia ha permitido la condena a los principales responsables del desfalco a Bogotá” señaló el abogado.

Por su parte, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jaime Alonso Zetien, dijo que “se va a proponer una pena ajustada a los parámetros de ley y siendo conscientes a la colaboración que han venido prestando para el desarrollo del proceso”.

Y afirmó que espera que los Nule se mantengan como testigos en las investigaciones que adelantan contra otros implicados en el carrusel de la contratación.