lunes, 21 de febrero de 2022
Aspectos como las vacaciones y el retiro anticipado de las cesantías podrían cambiar desde el 1 de marzo según la norma vigente
A menos de que se de que se haya un cambio y un pronunciamiento oficial en los próximos días, la emergencia sanitaria tendrá fin en Colombia en una semana, es decir, el próximo 28 de febrero.
La Resolución 1913 de 2021, expedida a finales de noviembre del año pasado, extendió la vigencia de esta coyuntura hasta el último día de febrero, día en el que cambiarán distintas disposiciones en distintos ámbitos, como el control de aforos y en el sector de la salud. Aquí le contamos las modificaciones en la normativa laboral que se darán con el fin de la emergencia.
Vacaciones
Durante la pandemia, los empleadores tenían la libertad de avisar con apenas un día de antelación cuando iban a conceder vacaciones a sus trabajadores. Esto porque, debido a la volatilidad de la crisis y las medidas, no todas las empresas estaban preparadas para el trabajo remoto. Entonces, en vez de perder días de trabajo, el Decreto 488 de 2020 permitió a los empleadores dar sin mayor aviso los días de vacaciones.
La norma, una vez termine la emergencia sanitaria, pasará de uno a 15 días para la notificación de las vacaciones a los empleados, dándoles a ellos mayor planeación sobre sus días de descanso.
Jornadas alternativas
El Decreto 770 de 2020 reglamenta las jornadas laborales, creando también algunos subsidios para desempleados. La norma, no obstante, no fue "útil", según expertos. Para Camilo Cuervo, socio de Cuberos Cortés Gutiérrez, la normativa no cumplió con su propósito de flexibilizar las jornadas laborales.
Cesantías
Si un empleado demostraba una reducción en su salario por cuenta de la pandemia, podía acceder unas cesantías anticipadas. Para Cuervo esta normativa, prácticamente, ya no tiene vigencia, pues las personas ya no están acudiendo a esta norma.
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Digitalización de la justicia
Si usted es abogado, muy probablemente se ha beneficiado por el Decreto 806 de 2020, el cual determinó el avance digital de las instituciones judiciales, acelerando procesos y reduciendo los tiempos en trámite. Esta normativa tendrá vigencia, sin importar cuánto dure la emergencia sanitaria, hasta junio de 2022. Sin embargo, el sector judicial público y privado han instado al Gobierno para que sea una medida definitiva.
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