Asocapitales apoya los cambios al protocolo para atender las protestas públicas
La organización destacó que la propuesta mantiene el diálogo como primera herramienta y fija cinco niveles para la actuación de las autoridades
01 de octubre de 2026
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, respaldó el proyecto del Ministerio del Interior que busca modificar el Decreto 003 de 2021, norma que establece el protocolo de actuación de las autoridades frente a las manifestaciones públicas y la protesta pacífica.
La asociación señaló que la propuesta busca mantener las garantías para quienes ejercen el derecho a la protesta y al mismo tiempo, establecer reglas para proteger a quienes no participan en las movilizaciones, así como la movilidad, los servicios esenciales y los bienes públicos.
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Entre los cambios destacados por Asocapitales está la conservación de la presunción de que las manifestaciones son pacíficas y de la responsabilidad individual frente a posibles hechos violentos. El proyecto plantea además un modelo de actuación de cinco niveles: prevención y gestión, diálogo directo, mediación y articulación institucional, disuasión y, como último recurso, restablecimiento del orden.
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La propuesta también contempla que el diálogo con los gestores de convivencia continúe incluso cuando las autoridades deban intervenir frente a hechos violentos. Según Asocapitales, contar con criterios más precisos permitiría a las alcaldías y a los Puestos de Mando Unificado actuar de manera coordinada durante las jornadas de movilización.
La asociación citó cifras de la Defensoría del Pueblo, según las cuales en 2025 se registraron 4.039 protestas y conflictos sociales en 536 municipios del país, con los bloqueos de vías como principal mecanismo, al representar 41% de los casos. En Bogotá, señaló que entre enero y octubre de ese año se presentaron 1.485 movilizaciones, de las cuales 890 afectaron la operación de TransMilenio.
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Asocapitales también destacó que el proyecto establece la publicación de un balance de cada jornada dentro de las 72 horas siguientes, medida que, según la organización, busca fortalecer la transparencia sobre las actuaciones de las autoridades y los efectos de las movilizaciones.
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