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Colprensa Miércoles, 7 de diciembre de 2016

El postulado en donde también habló sobre los resultados próximos por el genocidio de la UP, lo hizo en el marco de una audiencia pública que se dio en la Cámara de Representantes, en donde se analizó la crítica situación por la cual están pasando los defensores y líderes de derechos humanos, muchos de los cuales están siendo asesinados en esas regiones en donde hubo el conflicto.

“Ese plan no está llegando al territorio, le he dicho al gobierno que no podemos esperar que estas expresiones de violencia se suplan con acciones ecuménicas. Debe llegar con las IPS, EPS, el Banco Agrario”, manifestó el fiscal Martínez.

“Invítenos a las zonas, pero no somos los gestores ni responsables de que cesen estas afectaciones contra los líderes de derechos humanos”, planteó Martínez, al cuestionar que esa entidad tan sólo actúa en la actualidad como un notario de los hechos que pasan.

También criticó que el Consejo Nacional de Estupefacientes no está funcionando en este momento en sus cometidos de adelantar reales planes de sustitución de cultivos, eso debido a que no hay recursos, por lo que en el 2016 no se pasará de las 10 mil hectáreas.

Dicidencia Farc

De otra parte, el fiscal sostuvo que en el caso de las Farc ya se identificó que en Tumaco, Nariño, se gestó una disidencia, que migró a ser una banda criminal. Ese grupo, según dijo Martínez, en primer lugar fue en parte ajusticiado por las propias FARC por ser disidencia, y por otro lado, la Fiscalía capturó a 12 de sus integrantes.

Según sostuvo, “tenemos que darle estabilidad al proceso de paz en los territorios, el tema de Tumaco es preocupante, allá está el 18 % de los cultivos de coca del país y eso ha generado el surgimiento de nuevas violencias de todo tipo, por ejemplo la nueva gente de las Farc, es una disidencia organizada que está actuando y que se quiere quedar con el negocio de la droga”.

El fiscal general también se pronunció sobre la situación del genocidio de la Unión Patriótica, al respecto se precisó que se unificó en un solo grupo de fiscales especializados todos los casos de asesinatos.

También se comprometió a que antes de terminar el primer semestre de 2017 se tengan ya imputaciones de responsables por ese hecho que llevó a acabar con la vida de los miembros de ese partido.

Finalmente sostuvo que se considerará como delitos de lesa humanidad todos los casos de asesinatos de líderes de derechos humanos y sociales en el Urabá, durante los últimos años.