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Laura Vita Mesa - lvita@larepublica.com.co miércoles, 16 de septiembre de 2020

El exmandatario permanece privado de la libertad, en cuando la solicitud de su defensa de revocar la medida no se discutió

El país amaneció con la expectativa de lo que podía pasar hoy en la primera audiencia del expresidente Álvaro Uribe desde que su expediente por presunto soborno a testigos y fraude procesal pasó a la justicia ordinaria. La diligencia, pedida por la defensa del exmandatario para solicitar la libertad de su prohijado, estaba citada a las 9:00 a.m. y, por reparto aleatorio en los juzgados de Paloquemao, correspondió a la juez 30 de Control de Garantías.

Ante la juez se presentaron dos solicitudes: el abogado Reinaldo Villalba, apoderado del senador Iván Cepeda - constituido como víctima en el proceso -, solicitó que el proceso se siga llevando bajo la Ley 600, con la que venía en la Corte Suprema de Justicia, mientras que la defensa del expresidente Uribe, en cabeza del penalista Jaime Granados, solicitó que se revoque la medida de aseguramiento contra su cliente.

En la audiencia de hoy, que se extendió hasta aproximadamente la 1:00 p.m., únicamente se dio trámite a la solicitud de la defensa de Cepeda. La Fiscalía ya estableció que el proceso se llevará bajo la Ley 906 de 2004, es decir, el sistema penal acusatorio, sin embargo, Villalba argumentó que si bien la Corte Suprema de Justicia estableció su pérdida de competencia esto no implica un cambio de legislación, sino de investigador. En ese sentido, pidió a la juez que declare que el proceso debe seguir bajo Ley 600, por lo que la audiencia no debería continuar, en cuanto ella no sería competente bajo ese sistema.

Terminada esa intervención, la juez explicó que acreditó como víctimas al exfiscal Eduardo Montealegre y al exvicefiscal Jorge Perdomo, quienes expresaron su acuerdo con el abogado Villalba y solicitaron que el proceso siga bajo la Ley 600.

La Fiscalía, como era de esperarse teniendo en cuenta que ya se había pronunciado al respecto, se opuso al argumento de las víctimas. En ese sentido, dijo que la Ley 906 es más garantista que la Ley 600, no solo con el procesado sino también con las víctimas, por lo que solicitó a la juez descartar la solicitud presentada por Villalba y que mantenga la competencia.

Por su parte la delegada del Ministerio Público, María Lourdes Hernández, se alineó con la Fiscalía al señalar que el proceso debe continuar bajo la Ley 906, sin embargo, advirtió que eso no implica una anulación de lo actuado hasta este momento bajo el otro sistema. A su vez Jaime Granados, actuando en nombre del expresidente, manifestó estar de acuerdo con la postura de la Fiscalía y la Procuraduría, sobre la ley que debe regir el proceso.

La juez Clara Ximena Salcedo, tras oír a todas las partes, suspendió la audiencia para estudiar los argumentos presentados por cada una. En la diligencia, que se reanudará el próximo 22 de septiembre a las 9:00 a.m., la juez deberá determinar si es competente para decidir sobre la libertad del expresidente (que no se discutió hoy), y bajo qué sistema penal se regirá el proceso.

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