Auto de Corte Constitucional pide pruebas clave para evaluar emergencia económica
El magistrado Carlos Camargo ordenó pruebas y conceptos técnicos para revisar la constitucionalidad del decreto de emergencia
14 de enero de 2026
La Corte Constitucional inició formalmente el estudio de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional.
La actuación quedó consignada en un auto suscrito por el magistrado Carlos Camargo Assis, quien asumió la sustanciación del expediente RE-387 y ordenó la práctica de una serie de pruebas para evaluar la validez de la medida excepcional con la que el Gobierno expidió una serie de nuevos impuestos vía decreto.
El decreto fue expedido el 22 de diciembre de 2025 por el presidente de la República, Gustavo Petro, luego de que se hundió en el Congreso la Ley de Financiamiento que buscaba un recaudo de $16 billones este año, recursos con lo que buscaba llenar el hueco en el Presupuesto de 2026.
Según el Auto, el texto de la emergencia económica fue remitido a la Corte un día después por la Secretaría Jurídica de la Presidencia y, posteriormente, el alto tribunal recibió soportes administrativos enviados por el Ministerio de Hacienda y copias de las comunicaciones realizadas a la Organización de Estados Americanos, OEA, y a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, tal como lo exige la Constitución en este tipo de declaratorias.
En el auto fechado este 14 de enero de 2026, el magistrado Camargo ordenó comunicar el inicio del proceso al presidente Petro y a los ministros del despacho, quienes podrán intervenir para justificar la constitucionalidad del decreto dentro de los tres días siguientes a la notificación.
La Corte también decretó la práctica de pruebas formales y materiales. Entre las primeras, solicitó a la Secretaría Jurídica de la Presidencia certificar la situación administrativa de los ministros que firmaron el decreto, explicar el cumplimiento del deber de motivación del acto y confirmar la comunicación a los organismos internacionales. "Estos elementos son esenciales para verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la Constitución y en la Ley Estatutaria de Estados de Excepción", dice la Corte en el Auto.
En cuanto a las pruebas materiales, el despacho pidió conceptos técnicos a reconocidos expertos en economía, hacienda pública y derecho tributario, entre ellos exministros y académicos, para que evalúen si el decreto cumple los tres presupuestos exigidos para declarar una emergencia: el fáctico, el valorativo y el de suficiencia.
Los especialistas deberán pronunciarse sobre la existencia de los hechos alegados por el Gobierno, la gravedad de la situación y la idoneidad de los instrumentos ordinarios para enfrentarla.
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