Avanza proceso judicial contra alcalde de Villa de Leyva por irregularidades en licencias
El caso se centra en la presunta solicitud de sobornos para legalizar una construcción que excedió los límites permitidos originalmente
14 de mayo de 2026
Fiscalía frena suspensión inmediata de capturas a integrantes del Ejército Gaitanista
La audiencia de medida de aseguramiento contra el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa Chaparro, continuó este jueves tras su captura relacionada con presuntas irregularidades en la aprobación de licencias de construcción.
La Fiscalía General de la Nación solicitó que el mandatario sea enviado a un centro carcelario bajo los cargos de concusión y prevaricato. Durante las diligencias, se revelaron elementos probatorios que buscan esclarecer las exigencias económicas que aparentemente se realizaron a una firma constructora.
La Fiscalía determina lineamientos para investigar crímenes y amenazas contra periodistas
En el marco de este proceso, un juez de control de garantías avaló la incautación de los teléfonos celulares de dos funcionarios vinculados a la administración municipal. Los dispositivos pertenecen al inspector segundo de convivencia y paz, William Yesid Molina García, y al exsecretario de planeación, Luis Fernando Cárdenas Rico. Los investigadores analizan el contenido de estos equipos para verificar la existencia de comunicaciones que confirmen la solicitud de porcentajes de dinero a cambio de trámites administrativos.
Lili Pink negó acusaciones de la Fiscalía por presunto contrabando y lavado de activos
La investigación se originó a partir de una construcción de grandes dimensiones gestionada por la firma Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S. en un predio del municipio. Según los registros procesales, la licencia otorgada inicialmente en 2022 autorizaba una vivienda de 500 metros cuadrados, pero la obra ejecutada alcanzó los 5.000 metros cuadrados. Esta situación generó una sanción administrativa que incluía la orden de demolición de las estructuras excedentes, avaluadas en una cifra millonaria.
La defensa de la empresaria propietaria del proyecto aportó grabaciones de audio en las que se escucharía al mandatario local solicitar una compensación económica de 20% sobre el valor de la licencia. La representación legal de la constructora sostiene que las sanciones impuestas a la obra fueron una represalia por no acceder al pago de los sobornos.
Por su parte, el abogado del alcalde calificó el proceso como un montaje y solicitó peritajes técnicos a los audios entregados a la Fiscalía.
Mientras avanza el proceso judicial, en el que también se ha cuestionado la participación de asesores jurídicos externos por posibles conflictos de intereses, la comunidad local ha manifestado su interés en que se revisen otros procesos de licenciamiento.
La Fiscalía mantiene su tesis sobre la participación de varios funcionarios en el esquema de cobros, mientras los allegados a los implicados defienden la legalidad de sus actuaciones y el cumplimiento estricto de las normas urbanísticas.
¿Quiere publicar su edicto en línea?
Contáctenos vía WhatsApp
