Viernes, 24 de agosto de 2012

En punto de la seguridad, consideramos que es necesario realizar dos análisis separados, uno, lo que tiene que ver con el conflicto armado que soportamos los colombianos, y dos, lo que tiene que ver con lo que denominaremos seguridad ciudadana, y que se relaciona con el fenómeno de la criminalidad callejera.

 En cuanto a lo primero, es necesario reconocerle al Gobierno de Santos el haber detectado de manera  pronta y oportuna la necesidad de realizar un relevo en la cabeza del Ministerio de la Defensa, que a principios del presente mandato no parecía encontrar el rumbo. Consideramos que el cambio de jefe de la cartera y el consecuente replanteamiento de las estrategias en la lucha contra los grupos terroristas, fueron un verdadero acierto.

Es necesario reconocerle a este Gobierno el que ha propinado importantes golpes a los grupos terroristas, así como a las bandas criminales, tales como la caída de muchos de sus jefes, así como la captura de importantes miembros de estas organizaciones. Preocupa, sin embargo, el incremento en la frecuencia de los ataques terroristas en diferentes zonas y el regreso de los ataques en las grandes urbes. Frente a ello, consideramos que es necesario volver a la actitud ofensiva de nuestras Fuerzas Militares, que permitió reducir en gran número a estos grupos ilegales y replegarlos lejos de los centros habitados de nuestro país.

Ello no será posible mientras nuestros militares y policías no cuenten con un marco jurídico que los ampare, frente a los frecuentes ataques que en el frente judicial tienen que enfrentar por parte de todo tipo de agentes. Es realmente lamentable ver cómo héroes de la Patria que han expuesto su vida por la seguridad se ven enfrentados a procesos judiciales en el que civiles sin ningún conocimiento militar, apoyados por ONG cuestionan su actuación y terminan condenándolos a largas estancias en prisión. Es hora de tomarse en serio la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de nuestros militares, y revaluar el papel de estas organizaciones así como sus verdaderos intereses, pues mientras nuestros militares tengan que actuar con temor de enfrentar condenas de prisión, es imposible avanzar en el desmantelamiento de estas organizaciones.

En cuanto a la seguridad ciudadana, el Gobierno ha expedido leyes intentando combatir este fenómeno, pero la realidad es que la percepción sobre la inseguridad es creciente, acompañada de la sensación colectiva de impunidad. Por muchos esfuerzos que ciertamente ha realizado el ejecutivo, la realidad es que el problema no solamente no se ha podido manejar, sino que crece. La causa no es otra que la existencia de un sistema penal absolutamente ineficiente para combatir la micro criminalidad, como lo demuestra el que quienes cometen delitos como el hurto a personas recuperan rápidamente su libertad, que revictimiza a quienes sufren un delito en contra de su integridad personal o su patrimonio, que obliga a los ciudadanos a realizar un sinnúmero de trámites para denunciar un hecho y a ver como sus denuncias suelen quedar en la impunidad.

Para superar esta problemática, es urgente abordar en este segundo tiempo del presente Gobierno, la discusión sobre el abandono del sistema penal acusatorio, para que los ciudadanos podamos volver a salir tranquilos a las calles, para que los delincuentes tengan la certeza de que pagarán por sus delitos y, en últimas, para enfrentar la creciente impunidad que vemos día tras día y cuyo único responsable es un sistema penal incomprensible, ineficiente, discriminatorio, elitista, lleno de trámites y papeles, y en el que el bandido siempre se sale con la suya.
 

Francisco Bernate Ochoa

abogado penalista

fbernate@gmail.com