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  • Gerson Beltrán Franco

viernes, 3 de febrero de 2017

Además, resaltaron que respetan la decisión de la entidad y esperan que se logre “establecer las verdaderas responsabilidades sobre la financiación de los grupos armados ilegales, no sólo en Urabá, sino en todo el país”.

Sin embargo, señalaron que afirmar que los bananeros colombianos patrocinan a los paramilitares es una mención equivocada que puede poner en riesgo 22.000 empleos directos, 120.000 indirectos y la imagen en el comercio exterior.

También hacen énfasis en que por más de 20 años Urabá fue azotada por el conflicto armado y los grupos guerrilleros sembraron el terror en la región. 

Finalmente, reconocen que en una epoca azotada por la violencia, la comunidad y empresarios se vieron obligados a financiar redes de vigilancia privada financiadas por el gobierno, conocidas como las Convivir, pero aclaran que el dinero fue destinado para esa actividad y en ningún momento se pretendió que llegara a manos de grupos ilegales. Por eso piden claridad en el proceso y que el peso de la ley caiga sobre quienes desviaron los recursos.

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