Buscan frenar desmanes de operadores móviles

Al parecer, la caída de las llamadas y el mal servicio de los operadores de telefonía móvil no distingue estratos, profesión, edad o cargo.

Ahora, hasta el mismo presidente Juan Manuel Santos sufre constantemente de la mala señal y la pérdida de minutos, al punto que ya está desesperado. Ayer, por medio de su cuenta de Twitter, pidió al ministro de Tecnología, Diego Molano Vega, que “tome cartas en el asunto de la desesperante y creciente mala calidad en el servicio de la telefonía celular”.

Aunque durante 2012 se registraron multas por $12.416 millones a las empresas de telefonía móvil, esto parece no ser suficiente. Las quejas en la Superintendencia de Industria y Comercio van en aumento, y dichas sanciones no logran el efecto esperado. Claro lideró las multas el año pasado con $6.929 millones, seguido de Movistar con $3.360 millones, Tigo con $2.002 millones, y Uff Móvil con $124 millones.

Además, Colombia es uno de los países de América Latina con el minuto más caro, según datos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC. Pero también, donde más se caen las llamadas. De acuerdo con el senador Eugenio Prieto, en julio de 2012 se hicieron por parte de los usuarios más de 100 millones de llamadas a los operadores, en los cuales se calcula que el 12% equivalen a quejas, es decir, alrededor de 12 millones de reclamos en un mes.

Para buscar la solución de este problema, el senador presentará el próximo martes la ponencia de la “Ley Antimonopolio”, que buscará solucionar en parte el problema de calidad, porque “el operador ha preferido pagar las multas que mejorar su infraestructura”, advirtió.

Según Prieto, esta iniciativa lo que busca es hacer fuerte al regulador. “El proyecto va a buscar topes donde no se permita el abuso de la concentración, va a darle herramientas especiales al regulador para que solucione los problemas de calidad y dé garantías a los usuarios de que se van a respetar sus derechos”, explicó. Además, buscará que se tengan elementos de ley para que el usuario pueda reclamar la devolución de lo perdido cuando se le caen las llamadas.

“Necesitamos el apoyo y el respaldo en ese proceso, la Comisión Nacional de Regulación será la más beneficiada con la iniciativa”, puntualizó Prieto.

En la actualidad, los usuarios pueden acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio por dos vías para presentar una queja o una demanda. Si prefiere lo primero, esto ayudará para que la SIC investigue las anomalías e imponga multas, pero no solucionará el inconveniente particular. Por otro lado, y gracias a la entrada en vigencia del Estatuto del Consumidor, la SIC adquirió facultades jurisdiccionales, y allí, como usuario, se puede interponer una demanda en contra de la empresa. Así lo explicó Felipe García Pineda, superintendente delegado para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, quien agregó que este tipo de investigaciones se demoran alrededor de un año. Además, reveló que en 2012 esta dependencia recibió 40.000 demandas en su contra, de las cuales ya se fallaron 20.000 y que en su mayoría “fueron casos a favor del consumidor”. Sin embargo, el senador Prieto advirtió que se está “ensillando” mal porque esto es un tema de servicios masivos, y a la SIC le queda muy complicado hacerle trámite a todo.

“Si son 100 millones de llamadas y 12 millones de quejas, ¿cómo hace la Superindustria para atender todas esas peticiones y recursos?. Lo que yo estoy diciendo es que el mismo usuario aplique el silencio administrativo y tenga la facultad de solicitar que le descuenten de la factura lo que cobraron indebidamente”, aclaró. El senador explicó que la Ley permitirá eliminar las cláusulas de permanencia y trasladar las deudas a otros operadores. Por su parte, el abogado Julio José Orozco dijo que las quejas de los usuarios de telefonía celular “merecen de inmediato un análisis y una eventual sanción contra los operadores por parte de la Superintendencia d”. Lo cierto es que las entidades hablan constantemente de medidas, pero los beneficios no se han visto para los usuarios. La calidad y el precio de las llamadas son los asuntos que más preocupan a los consumidores.

Conductas recurrentes
Para la SIC, estos son los cinco “males” de los operadores.

1. Incumplimiento de las órdenes impartidas por la SIC a los proveedores de comunicaciones a favor de los usuarios.
2. Problemas relacionados con la venta de celulares con bandas cerradas y la no atención de la solicitud de desbloqueo.
3. Activación indebida del servicio de roaming internacional.
4.Modificaciones del contrato por parte del proveedor sin el consentimiento de los usuarios.
5. No tramitar debidamente las peticiones, quejas y recursos de los usuarios.

Denuncia penal de Claro
El pasado 7 de mayo, la compañía de telecomunicaciones Claro demandó penalmente a los promotores del “gran apagón”, una protesta promovida en redes sociales, por los delitos de injuria, calumnia, afectación al patrimonio y pánico económico. Esta manifestación se realizó el pasado 30 de mayo, y el mismo Concejo de Bogotá y el Sindicato de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), Sintrateléfonos, invitaron a protestar contra la multinacional por “el monopolio que ejerce y el mal servicio prestado a sus usuarios”.

“Llegó el día del gran apagón contra la multinacional de Carlos Slim que ha vulnerado los derechos de los usuarios por el mal servicio que presta y porque se ha burlado de los bogotanos al no pagar la deuda que tiene con la ETB”, estas intervenciones del concejal Willian Moreno, están incluidas en el texto de la demanda como material probatorio. Además, varias publicaciones que se hicieron en la página web del Concejo de Bogotá, en las que Sintrateléfonos invitaba a acudir a la carrera 8 con 19 para la manifestación simbólica.

De acuerdo con el abogado de la empresa, Augusto Ibáñez, será la Fiscalía la que determine exactamente los delitos y las personas involucradas. “Presentamos volantes y fotografías como prueba”, dijo. Así mismo, señaló que aunque respetan las protestas ciudadanas, la denuncia penal fue una decisión que tomó la compañía porque se hicieron imputaciones “deshonrosas y calumniosas en contra de los directivos y llamaron a la desobediencia civil para el incumplimiento de los pagos de la prestación de un servicio”, agregó. “Esto es muy preocupante para la entidad porque al mismo tiempo que están haciendo un daño absoluto a los directivos y a la imagen de Claro, están buscando un detrimento patrimonial y ninguna empresa puede aceptar eso”, advirtió el apoderado de la multinacional.

Además, Ibáñez aclaró que están confundiendo un tema de calidad, al “que pueden perfectamente acudir a la SIC”, con un aspecto jurídico.

Las opiniones

Augusto ibáñez
Apoderado de Claro
La compañía respeta las manifestaciones ciudadanas por los inconformismos con el servicio pero decidió formular una denuncia penal por las calumnias en contra de la multinacional y de los directivos. Los usuarios pueden acudir a la Superintendencia y entablar sus quejas.

Julio José Orozco
Abogado
Las crecientes quejas de los usuarios de telefonía celular merecen de inmediato un análisis e investigación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que implemente sus acciones, como multas, para lograr la mejora en el servicio.

Eugenio Prieto
Senador
El próximo martes será la primera ponencia de la “Ley Antimonopolio”, que busca ponerle freno a los abusos de los operadores y darle facultades legales a la Comisión de Regulación de Comunicaciones para solucionar los problemas de calidad y de altos precios.