Colprensa
lunes, 4 de mayo de 2020
Adriana Matiz, congresista del Partido Conservador, aseguró que el proyecto busca reducir la reincidencia del delito
La Comisión Primera de la Cámara aprobó el acto legislativo que podría modificar la Constitución Política para aplicar cadena perpetua revisable a las personas que abusen sexualmente de menores de edad. En una histórica Sesión Virtual , el debate culminó con 24 votos a favor y 12 en contra.
Para que la propuesta pueda convertirse en ley de la República debe superar ocho debates para ser avalada. La representante Adriana Matiz, coautora y encargada de presentar la ponencia, expresó que la modificación busca atender los reclamos reiterados de la ciudadanía y mitigar el yugo de este delito sexual contra la población más joven.
“Esa Insistencia obedece sin duda, a las alarmantes cifras de violencia que se presentan en contra de nuestros niños; y es alarmante decirlo, en el año 2019 se presentaron en promedio 62 casos diarios y durante los primeros 2 meses del año 2020, cada hora, 2 niños fueron víctimas de este flagelo", agregó la Representante del Partido Conservador.
Sumado a lo anterior, Matiz agregó que este tipo de conductas son reincidentes; de 16.520 personas que a día de hoy cumplen una condena por abusar sexualmente de menores de edad, aproximadamente 1.695 cometen nuevamente el abuso. "De ahí que este proyecto pretende la protección jurídica de los menores de edad, frente a esas conductas que atenten contra la libertad, la integridad y la formación sexual”, expresó la Representante.
El proyecto, según Matiz, contempla que la cadena perpetua se practique cuando el menor afectado haya sido víctima de homicido de forma dolosa, o de acceso carnal que implique violencia en contra del niño, niña y adolescentes.
Sin embargo, la prisión perpetua podrá ser revisable a un término no menor de 25 años, y los endurecimientos de las penas estarán ligados a los procesos de resocialización de las personas que incurran en el delito. “Se deberá formular en el mismo término, una política pública integral que desarrolle la protección de niños, niñas y adolescentes; principalmente fundamentados en las alertas tempranas, educación, prevención, judicialización, condena y acompañamiento psicológico", puntualizó la congresista.
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