• Taty Pineda Acuña

martes, 19 de junio de 2018

En el caso de Bogotá serían $6 billones y en todo el país unos $8 billones más

La segunda fase de la Ley de Garantías (Ley 996 de 2005) empezó a regir el 27 de enero del año en curso con efecto para las entidades que quisieran realizar contratación directa, esto con el fin de evitar que los recursos públicos sean desviados de su origen para favorecer a candidatos políticos durante las campañas.

Sin embargo, esta medida que si bien previene la corrupción de favores políticos en tiempos electorales, también tiene un contra por la inversión y los proyectos que se acumulan o paralizan en el país, hasta la elección del nuevo presidente.

De acuerdo con José Roberto Acosta, economista, abogado y docente de la Universidad del Rosario y del Cesa, “el presupuesto de inversión para Bogotá acumulado por esta ley puede calcularse en alrededor de $6 billones, mientras que para el panorama Nacional se pudieron haber congelado más o menos $8 billones”.

El representante a la Cámara por Bogotá, Carlos Eduardo Guevara, señaló que si bien la ley es una medida para controlar y monitorear los recursos públicos destinados en época de elecciones, los alcaldes esquivan las medidas, así mismo “se paraliza mucho la inversión del país, por ende en el futuro se debe buscar otra medida o mejorar la actual para que los proyecto estratégicos, que son vitales para el desarrollo del país, no queden paralizados”.

De acuerdo con los datos presentados por Colombia Compra Eficiente, en la pasada Ley de Garantías, se detectó que el número de contratos celebrados después que finalizó varió entre los 30.000 y 39.000.

“Como primera medida se evidenció que entre los meses de junio y julio hubo un incremento de 58% en el valor contratado, mientras tanto en los meses de agosto y septiembre los incrementos respecto al mes anterior fueron de alrededor de 11%”, informó Juan David Duque, director de CCE en una publicación que se realizó como evaluación a la Ley de Garantías.

Desde ayer cuando la restricción dejó de operar, el sector público se prepara para la reactivación de la contratación y el avance en proyectos que habían quedado suspendidos.

Cabe recordar que la Ley de Garantías no solo tiene que ver contratos, también señala restricciones a la inversión en publicidad del Estados y a la inauguración de obras mientras se llevan a cabo las actividades de las campañas.

“Con respecto a la vinculación a la nómina estatal, se suspenderá cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal, en la Rama Ejecutiva del Poder Público, durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial, es decir, desde el 27 de enero de 2018 y hasta la elección en segunda vuelta, si fuere el caso”, dice textualmente la legislación que está vigente y que se aplica con rigor.