miércoles, 21 de diciembre de 2022
De acuerdo con un documento emitido por los juristas, ese recurso fue utilizado en el pasado en casos específicos con grupos armados
El decreto 2422 de 2022, que deja en libertad a manifestantes para convertirse en gestores de paz, sigue causando diferentes reacciones desde diferentes sectores y lugares.
Ayer, el Colegio de Abogados de Medellín, dio a conocer un comunicado expresando su preocupación frente a ese panorama pues, dicen, “puede quebrantar la sujeción de los poderes públicos al derecho”.
De acuerdo con la carta firmada por Maximiliano Aramburo Calle, presidente de la Junta Directiva del colegio jurídico antioqueño, tanto la Ley 418 de 2007, como la Ley 2722 de 2022, fueron concebidas como instrumentos excepcionales para afrontar las “graves amenazad de grupos armados organizados al margen de la ley, y en ellas se dispusieron mecanismos para su desmovilización”.
Al aplicar esta normativa al caso de los manifestantes, indican, se estaría corriendo un riesgo inminente de trivializar el conflicto que ha atravesado el país.
“No se debe deslegitimar las decisiones que en el debate propio de los procesos judiciales han adoptado los jueces del país”.
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