miércoles, 22 de junio de 2022
El país avanzó en las categorías de sociedad civil, medios y capacidad legal; pero descendió en democracia e instituciones políticas
Durante años, América Latina ha sido cuestionada por una expansión masiva de políticas corruptas que limitan sus resultados en términos de productividad y eficiencia, y en cuanto a gobernabilidad y demás factores que intervienen en las dinámicas sociales.
Con ese panorama, desde las instituciones cada vez se profundiza más en la gestión de los gabinetes estatales para promover el movimiento anticorrupción.
El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2022, llevado a cabo por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción.
Los países con una puntuación más alta tienen mayores probabilidades de que los actores corruptos sean enjuiciados y sancionados. Entre 14 variables evaluadas, están la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y la cantidad de recursos disponibles para combatir la delincuencia de cuello blanco.
Uruguay fue el país con mejor rendimiento por tercer año consecutivo, con 7,42 puntos sobre 10. Le siguieron Costa Rica (7,11), Chile (6,88), Perú (5,66), República Dominicana (5,19), Argentina (5,04) y Panamá (4,96).
Colombia (4,87), por su parte, descendió un puesto con respecto a los resultados del índice 2021, cuando ocupaba el séptimo lugar con un puntaje de 4,81.
"Colombia avanzó ligeramente en las categorías de sociedad civil, medios de comunicación y capacidad legal, pero descendió un 6% en la categoría de democracia e instituciones políticas, manteniendo una tendencia a la baja en esa categoría desde 2019 y quedando por detrás de la media regional", destacó el estudio.
Se destacó que durante la administración de Iván Duque, la independencia de las oficinas de la Contraloría General de la República y de la Fiscalía General de la Nación ha sido ampliamente cuestionada".
"En enero, Duque promulgó un proyecto de ley anticorrupción de amplio alcance que aborda el papel de las empresas privadas en la facilitación y en la lucha contra la corrupción. Las nuevas medidas aumentan la probabilidad de que las empresas sean objeto de investigaciones por corrupción, pero algunos observadores afirman que la ley no aborda adecuadamente la influencia de los intereses especiales que existen en el gobierno ni las deficiencias del sistema judicial".
Continuando con el ranking, Guatemala experimentó el mayor descenso en el Índice, y Argentina, Brasil y México también registraron retrocesos.
Los países que se sitúan más abajo en la medición mostraron algunos signos de mejora. Paraguay avanzó en aspectos de su capacidad legal, mientras que Bolivia y Venezuela tuvieron un crecimiento menor en áreas específicas relacionadas con la sociedad civil y los medios de comunicación.
El recién presidente electo Gustavo Petro ha propuesto reformas anticorrupción como legislación para la protección de denunciantes de corrupción, presupuestos participativos y mejor vigilanca de la contratación pública. Además, ha anunciado planes para crear una fiscalía anticorrupción y una comisión internacional para investigar casos de corrupción pasados.
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