Banco Mundial

Agregue a sus temas de interés

Agregue a sus temas de interés Cerrar

José David Castilla viernes, 16 de noviembre de 2018

Defensa pide reconocimiento del archipiélago nacional

Colombia radicó su defensa jurídica en el ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), para proteger la plataforma continental extendida. El principal argumento de la defensa busca que el organismo internacional reconozca que el país tiene derecho sobre el mar aledaño a los islotes que componen el archipiélago de San Andrés.

En esta ocasión, la defensa colombiana se presenta luego de que Nicaragua demandara por segunda vez al Estado colombiano ante tribunales internacionales. El motivo de este litigio busca que se reconozca el fenómeno jurídico de la plataforma continental extendida para Nicaragua.

Mediante un comunicado de prensa, el canciller Carlos Holmes Trujillo informó que “el Gobierno Nacional continúa defendiendo con firmeza ante la Corte Internacional de Justicia los derechos de Colombia en el Mar Caribe y la integridad del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en ese sentido el Gobierno presentó la duplica en el proceso iniciado por Nicaragua sobre las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe”.

Valga aclarar que en el último fallo de la CIJ, se reconoció el derecho de Nicaragua sobre terreno marítimo que previamente le perteneció a Colombia. Sin embargo, la CIJ reconoció que el archipiélago de San Andrés y Providencia es propiedad exclusiva del Estado colombiano. Esta decisión dio tránsito a cosa juzgada y no puede ser revocada por ningún tipo de autoridad.

Ante esta situación, Colombia decidió romper relaciones con la CIJ y demandó su tratado constitutivo. Antes de que se produjera esta situación, Nicaragua instauró una demanda solicitando que le reconocieran su derecho a la plataforma continental extendida, solicitándole al tribunal internacional que vuelvan a establecerse nuevos límites marítimos entre los dos países.

Durante la presentación de contestación, el Canciller dijo que este documento fue realizado para “defender y proteger los derechos legítimos de Colombia en el área, a los habitantes del archipiélago y a la población Raizal, así como con la expedición del decreto que estableció la zona continua integral en el archipiélago”. Otro argumento del Gobierno se basa en que se limitaría el derecho a la pesca de los habitantes del archipiélago.

LA REPÚBLICA +

Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.