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lunes, 22 de noviembre de 2021

También inició el juicio en contra del representante legal de Centros Poblados y de la interventora del contrato entre ambas partes

Hoy, la Procuraduría General de la Nación dio inicio al juicio disciplinario verbal en contra de tres funcionarios del Ministerio de las TIC, por las presuntas irregularidades presentadas en el contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, del cual se hizo un adelanto de $70.000 millones, que podría representar un detrimento patrimonial.

Los investigados son Adriana Vanessa Meza, secretaria general del MinTIC, Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de infraestructura de la cartera, y Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual del ministerio.

Además, también comenzó el juicio en contra del representante legal de Centros Poblados y de la interventora del contrato: Luis Fernando Duque y Paola Andrea Izquierdo, respectivamente. El caso de la exministra Karen Abudinen se lleva a parte.

Cabe recordar que el Ministerio Público inició la investigación por el contrato el pasado julio y en septiembre formuló cargos, ordenando el procedimiento judicial. Durante estos meses se encontró que el contrato fue firmado "con estudios previos insuficientes y pliegos de condiciones carentes de reglas objetivas y completas, desconociendo los principios de economía en el cual se halla inmerso el principio de planeación, de responsabilidad y transparencia".

Específicamente, Meza sería la responsable de reducir el índice de patrimonio financiero en el pliego de condiciones con el fin de que Centros Poblados pudiera obtener la licitación.

Por su parte, Jiménez Santofimio es investigado porque era el responsable de la estructuración de los estudios previos y del pliego de condiciones del contrato y, presuntamente, permitió modificaciones sin sustento.

A su vez, la Procuraduría indaga a Orjuela Méndez por desconocer los principios de responsabilidad y de selección objetiva al habilitar la propuesta de Centros Poblados para acceder a este proceso.

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