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Judicial

¿Cómo aplica el Derecho Internacional Humanitario al conflicto entre Ucrania y Rusia?

Los Estados deben proteger a los civiles y a los actores no participantes, según lo indica la Convención de Ginebra promulgada en 1949

02 de marzo de 2022

Diego Andrés Stacey Salazar

dstacey@larepublica.com.co

Canal de noticias de Asuntos Legales

Desde el primer día de la invasión de Rusia a Ucrania, un gran número de personas se ha preguntado cuál es el papel de entidades como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y qué dicta la jurisdicción internacional en estos casos para proteger a los civiles.

Lo primero que hay que entender es que, para justificar su invasión, Vladimir Putin apeló a una interpretación del Artículo 51 de la Carta de la ONU, que señala que “ninguna disposición menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa”. Esto porque, según el presidente ruso, Ucrania estaba cometiendo un genocidio en contra de los habitantes de los territorios Lugansk y Donetsk, que se autoproclaman como ‘prorrusos’.

Con esto en cuenta, desde que las tropas rusas entraron de manera forzosa al territorio ucraniano, comenzó a aplicar algo llamado Derecho Internacional Humanitario (DIH), conocido por ser un ‘libro’ de normas sobre lo que se puede hacer o no durante un conflicto armado. Según indica el Comité Internacional de la Cruz Roja (Circ), este tiene como objetivo preservar “un poco de humanidad durante los conflictos armados y limitar los efectos negativos de estas acciones de guerra”.

Estas ‘leyes de la guerra’ imponen límites sobre los participantes activos y protegen a todo aquel que no hace parte de ella. El DIH, no obstante, no puede determinar si una guerra es justificada o cuánto puede durar el conflicto.

A su vez, solamente se activa cuando hay un conflicto armado entre dos o más partes, sean de carácter nacional o internacional.

Según el Convenio de Ginebra de 1949, creado tras lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial y dividido en cuatro partes, el DIH señala que, además de la población civil, se debe proteger al personal médico y religioso. A su vez, tiene en cuenta a todo aquel que ya no participa en un combate, como un soldado enfermo o herido, los prisioneros de guerra y los náufragos.

En esta misma línea, este Convenio y sus Protocolos posteriores también imponen reglas a las partes en conflicto. Entre ellas se encuentra el principio de proporcionalidad. Esto quiere decir que, por ejemplo, pese a que Rusia tiene un arsenal más amplio al que tiene Ucrania, no lo puede utilizar en su totalidad basándose en esta limitación.

A pesar de este tipo de medidas, es posible creer que ya se han violado algunas normas del DIH. Para Neftalí David Suárez, profesor de la Universidad Javeriana, “ya sabemos que el uso de la fuerza por parte de Rusia ha traído muertes de civiles, por lo que se pueden considerar como homicidios intencionales, violando así lo que dicta el DIH”.

De hecho, el fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció que tomó la decisión de “proceder a abrir una investigación sobre la situación en Ucrania, tan pronto como sea posible”, por los presuntos crímenes de guerra cometidos por parte de Rusia en el conflicto.

LOS CONTRASTES

  • Enrique Prieto-RíosProfesor de la U. del Rosario

    “Todas las operaciones de combate entre Rusia y Ucrania deben respetar a la población civil. Aún así, el tema cambia cuando se ve a civiles ucranianos armados con fusiles”.

  • Ricardo AbelloExperto en Derecho Internacional Humanitario

    “La CPI procesaría a individuos, independiente de la nacionalidad que tengan. Lo que sucede es que Ucrania debe entregar a esas personas para que sean juzgadas”.

Pese a las bases razonables que tiene la CPI para proceder, cabe anotar que ni Ucrania ni Rusia han ratificado el Estatuto de Roma, por lo que la jurisdicción internacional no aplicaría para ninguno de los dos. Aún así, según las declaraciones de Khan, desde la crisis de Crimea en 2014, el Gobierno de Ucrania admite su jurisdicción. Adicionalmente, el proceso quedaría a medias, teniendo en cuenta que es improbable que Rusia reconozca la competencia de la CPI, por lo que ningún actor ruso podría ser procesado por dicho organismo.

A esta incapacidad se le suma el hecho de que Rusia es uno de los estados permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, que tiene un derecho a veto, por lo que puede evitar la aprobación de cualquier resolución sancionatoria por parte de la organización.

“Es muy poco lo que puede hacer la ONU. Este es un organismo que funciona más en momentos de paz, que en momentos de guerra. Son muy pocas herramientas las que puede tomar, pues la mayoría de sanciones son económicas”, explicó Ricardo Abello, experto en DIH.

Según el experto, por el momento, el Consejo de Seguridad remitió el caso a la Asamblea de la ONU para evaluar el caso y, posiblemente, imponer un portafolio de sanciones a Rusia.

Aún así, para Enrique Prieto-Ríos, profesor de la Universidad del Rosario, hay que tener en cuenta los matices que hay en este tipo de conflictos.

Por ejemplo, pese a que se han difundido imágenes de fusiles rusos impactando a edificios residenciales, también se ha dado a conocer que el Ejército ucraniano ha utilizado estas edificaciones para protegerse, por lo que ambos países estarían violando lo acordado en el Convenio de Ginebra.

A su vez, aunque Rusia no está utilizando todo su arsenal, la situación podría cambiar. Según Prieto-Ríos, el hecho de que Ucrania esté recibiendo armamento de distintos países aumenta su capacidad, por lo que la proporcionalidad para ambos podría exacerbarse, generando más violencia en el conflicto.

Antecedentes

La Corte Penal Internacional (CPI) fue creada por medio del Estatuto de Roma y entró en vigor en 2002. Su función es juzgar a los individuos presuntamente responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

Desde ese año, la entidad internacional reemplaza a los tribunales especiales ad-hoc, creados especialmente para estos casos, como lo fue, por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, establecido en 1993.

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