Andrea Mancera Rojas - amancera@larepublica.com.co Domingo, 29 de julio de 2012

El procurador Alejandro Ordóñez Maldonado reseñó que en los últimos cinco años se han registrado 807 sanciones disciplinarias ejecutoriadas contra concejales de todo el país, por conductas que atentan contra el ejercicio ético de la actividad democrática local.

Destacó como las de mayor frecuencia: la extorsión a los alcaldes para la aprobación de proyectos o facultades para contratar; el no atender el procedimiento legal o reglamentario en el trámite de acuerdos o elección de funcionarios; la inadecuada ejecución del presupuesto asignado; la extorsión a funcionarios y contratistas; el no atender el régimen de incompatibilidades en el trámite de acuerdos, ni el régimen de inhabilidades y prohibiciones, y el aprobar acuerdos abiertamente contrarios a la ley.

El jefe del Ministerio Público insistió en que todas estas conductas son prevenibles, con el asesoramiento y acompañamiento permanente de las autoridades nacionales y con la participación de las asociaciones gremiales que representan a los concejales y que están constituidas para ayudarlos y apoyarlos.

Al referirse a la importancia de relegitimar las instituciones del Estado, el procurador Ordóñez destacó el hecho de que la Corporación Municipal es el espacio más importante para el adecuado desarrollo de la Nación.