Congresista Carlos Carreño negó haber exigido cuotas salariales irregulares a su UTL
Según testimonios, las sumas irían desde los $150.000 hasta los $3,6 millones dependiendo del salario recibido por cada trabajador
15 de julio de 2025
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La Corte Suprema de Justicia adelanta una investigación en contra del congresista Carlos Alberto Carreño, quien pertenece al Partido Comunes, por presuntamente haber exigido cuotas salariales a su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, para fines del partido y personales. Esto, después de que se filtraron audios y facturas que evidenciaron los hechos.
Noticias Caracol tuvo acceso a información preliminar de la Corte y reveló que los aportes exigidos por Carreño corresponderían con casi la mitad del salario de sus trabajadores, incluyendo desde administrativos y colaboradores hasta conductores. Las sumas variarían entre $150.000 y $3,64 millones dependiendo de los salarios recibidos por cada uno.
Según testimonios, documentos y una tabla de Excel que contendría información detallada de los montos aportados por cada integrante, estos dineros habrían sido destinados tanto para el Partido Comunes como para gastos personales del congresista que van desde ropa y hoteles, hasta campañas electorales y pagos de estudios profesionales.
Carreño respondió a dichas acusaciones a través de la cuenta de X del partido y afirmó "rechazo con total indignación que se hayan filtrado a los medios de comunicación, documentos de un proceso de se adelanta en mi contra, los días 13 y 14 de julio de 2025. Estas filtraciones no solo vulneran mi derecho a defenderme, sino que están alimentando un juicio mediático injusto, construido con información parcial, con el propósito de reforzar una medida en mi contra y ejercer presión indebida sobre las autoridad judiciales".
El informe del noticiero, también reveló que el congresista utilizaba como amenaza los contratos del personal para obligarlos a acceder a sus solicitudes. Así lo confirmó Irene Amado, su antigua asistente, quien tuvo que exiliarse a Estados Unidos por su seguridad, quien detalló que Carreño le decía “aquí estos contratos son contratos de libre nombramiento y remoción. Yo los puedo sacar en el momento que sea”.
Ella también contó que "nos amenazó y nos dijo que si eso salía a la luz, que si seguían las acusaciones contra él... que si él tenía que ir a la cárcel, que él se volvía peor allá y que él salía y que se llevaba por delante al que fuera. Y que él sabía dónde vivían nuestras familias”.
En el documento, Carreño también se defendió y afirmó que "condeno de manera categórica las versiones que insinúan que he amenazados a testigos del caso... No he tenido ningún contacto con esas personas desde hace varios años, cuando terminó su relación laboral con la Unidad de Trabajo Legislativo".
Para el congresista, la publicación de esta información aumenta los escenarios de estigmatización que se dan en torno a los firmantes de paz y su reincorporación política y afirmó que estas acusaciones atacan contra su derecho dentro del acuerdo de paz. "Confío plenamente en la institucionalidad y en la imparcialidad del sistema judicial colombiano... Exijo respeto por mis derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a una defensa sin interferencias indebidas", comentó.
La Corte lo citó a indagatoria, pero se acogió a su derecho de guardar silencio. El alto tribunal continuará evaluando la evidencia y decidirá en los próximos días si impondrá medida de aseguramiento en contra de Carreño.
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