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Colprensa miércoles, 20 de junio de 2012

La controvertida Reforma a la Justicia no sólo es ya una enmienda constitucional, sino que en ella los más beneficiados son los mismos congresistas.

La Reforma, cuyo texto de conciliación fue aprobado ayer en Senado y Cámara, incorpora normas para descongestionar a la justicia, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, un mayor presupuesto para la rama, ampliación a 12 años del periodo de los magistrados y un fortalecimiento a la figura y ejercicio de congresista de la República, entre ellas, la no pérdida de la investidura por violar el régimen de inhabilidades, lo que se traduce en que no habrá muerte política. Por ello, el ponente representante del Partido Verde, Alfonso Prada, advirtió que se creó un engendro.

Este último aspecto fue el que más suscitó controversia durante las sesiones de ayer de las plenarias del Senado y la Cámara, porque en concepto de congresistas del Partido Verde y el Polo Democrático se estaría viciando la reforma para cuando sea revisada por la Corte Constitucional, porque a último momento se quitó el régimen de inhabilidades que aplicaba hasta la fecha a los congresistas.

Esto fue considerado como un `mico` y La Cámara aprobó el informe de la conciliación por 117 votos contra 10, mientras que en el Senado fue acogida por 60 y 16 negativos.

En la enmienda constitucional se precisa que en adelante el juzgamiento de los congresistas tendrá la doble instancia en la pérdida de la investidura, y en tal sentido la Constitución Política señalará, tras la Reforma a la Justicia, que se elimina la violación al régimen de inhabilidades para ser electo congresista como causal de pérdida de investidura, porque son circunstancias anteriores a su condición de parlamentario y que para ello existe la acción de nulidad electoral.

Igualmente se dice que se 'dará el principio de gradualidad en la sanción, la que puede ser suspensión o pérdida, atendiendo la entidad de la falta y el dolo o culpa en que actúo el investigado'.

Señala la reforma constitucional, además, que los congresistas sólo podrán ser detenidos hasta el momento en que se haya expedido una resolución de acusación por parte de la Corte Suprema, en la cual se crea una sala especial de investigación.

Un aspecto más que se indica es que 'quienes presenten demandas de suspensión o pérdida de investidura infundadas o temerarias, serán condenados a pagar las costas del proceso'.

La reforma dio vía libra a la creación de una sala de instrucción e investigación en la Corte Suprema de Justicia, integrada por seis magistrados que serán elegidos por la Corte Constitucional.

Esta Llevará la primera instancia de los aforados, incluidos los congresistas, y la segunda estará a cargo de la Sala Plena de la Corte Suprema. Sin embargo, los procesos disciplinarios de los congresistas continuarán en la Procuraduría General, en la cual seguirá existiendo la primera y la segunda instancia.

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