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Santiago José Castro lunes, 9 de abril de 2012

Siento que hay un nivel relevante de preocupación por parte del gobierno nacional con relación a la suerte que pueda correr su agenda legislativa, en el periodo de sesiones del Congreso de la República que inició el 16 de marzo y culminará el 20 de junio.

Inclusive se ha comentado que los debates de control político a la gestión del gobierno nacional deben limitarse, en aras de permitir el trámite de la agenda gubernamental y así 'cumplirle al país', insistiendo en el compromiso de la mesa de la unidad nacional para aprobar 'sin demoras' los proyectos que apremian.

Al respecto quisiera hacer dos comentarios.

En primer lugar, se ha generalizado la idea según la cual lo que este país necesita con urgencia son reformas a la Constitución y mejores leyes, y de ahí la insistencia de todos los gobiernos en la reforma y la radicación de proyectos de ley.

Esa 'reformitis' es propia de una lógica que, al decir de Valencia Villa, asume las reformas constitucionales como cartas de batalla en una lucha política y que encuentra en un nuevo proyecto de ley la solución a los problemas que, no obstante, una vez aprobado seguirán vigentes.

En segundo lugar, el papel fundamental de todo parlamento es precisamente el ejercicio del control político, allí está su origen y fundamento.

Si bien las funciones del Congreso de la República en Colombia podrían sintetizarse en aprobar o reformar las leyes, reformar la Constitución y ejercer el control político, esta última será siempre su razón de ser, a pesar de ser el 'órgano legislativo' del Estado. La idea de tener un órgano representativo con quién acordar la legislación estaba encaminada precisamente a garantizar que las partes asumieran un papel frente a la misma, es decir de ejecución y control, en tanto habían participado en el debate.

De allí que el poder de veto y de objeción de alguna manera se entienda como un desacuerdo previo antes de tener que gobernar de acuerdo con aquello que va a ser aprobado.

Aclaro lo anterior, pues veo que hay una gran esperanza en la reforma a la justicia, el marco para la paz, la reglamentación de las leyes de restitución de tierras y de víctimas, etc.; como si en este país no fuera suficientemente evidente que en la Constitución y en la ley casi siempre han estado los mejores propósitos y un hermoso ideal de sociedad que, no obstante, el ciudadano del común no vive.

Hace una década Brian Crisp, por ejemplo, identificaba que a pesar de la 'reforma política' que se logra con la Constitución de 1991, el reconocimiento y confianza de los colombianos en su sistema político seguía siendo mínima. Y es que lo que no se pude hacer es pensar que la solución a tantos problemas que enfrenta hoy Colombia está en nuevos proyectos de reforma y en nuevas y 'mejores leyes', sin comprender que hay dinámicas y reglas del juego informales, que en últimas hoy tienen más peso y están mejor preparadas para adaptarse a los cambios políticos y legales que se promuevan.

Por otra parte, pedirle al Congreso que se concentre en la aprobación de la agenda legislativa y que evite ejercer el control político a la gestión del gobierno, en aras de garantizar que la primera no sufra demoras es nada más ni menos que negar la democracia y convertirlo en un órgano de refrendación.

Cualquier inversionista sabe hoy que lo mejor es buscar escenarios donde la separación de poderes, acompañada de amplios márgenes de gobernabilidad generados en sistemas democráticos…Continúa

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