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Jonathan Toro - jtoro@larepublica.com.co miércoles, 23 de septiembre de 2020

Los familiares del maestro indígena interpusieron una demanda de reparación directa por considerar que el Estado no hizo nada para cuidarlo

El Consejo de Estado, que lidera Álvaro Námen, absolvió a la Nación de responsabilidad administrativa por la muerte de un educador perteneciente al cabildo mayor indígena de San Andrés de Sotavento, ocurrida hace 17 años. Según la corporación, los entes territoriales no eran responsables de proveer esquemas de seguridad a líderes sociales o indígenas.

El líder indígena apareció muerto el 4 de mayo del 2003 entre los corregimientos de Sitio Viejo y Arache, municipio de Chimá (Córdoba). Según sus familiares, venía recibiendo amenazas contra su vida desde 1998, por su pertenencia a la junta directiva del cabildo mayor y, a pesar de que las denunció y que el Ministerio del Interior se había comprometido a brindarles seguridad a él y a sus seres queridos, nunca se le proporcionó protección.

Los familiares señalaron que, días antes del homicidio, el propio afectado había acudido al Comando de Policía de San Andrés de Sotavento para denunciar la presencia de personas extrañas que parecían estar vigilándolo. Aseguraron que aún cuando los policías se cercioraron de la presencia de esas personas en la zona, no le brindaron ninguna herramienta de protección. Horas después, dicen los demandantes, su familiar apareció muerto.

La corporación revocó la condena. Determinó que las entidades demandadas no pueden asumir la responsabilidad administrativa de la muerte del líder indígena. Para probarlo, señaló que la Secretaría de Educación de Córdoba autorizó el traslado que el maestro había solicitado y que no se evidencia que le hubiera informado a la autoridad departamental ni a las del municipio de San Andrés de Sotavento sobre las amenazas que venía recibiendo.

Sostuvo también, que si bien entre 1996 y 1998 se registraron varios requerimientos en los que la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos instaron al Ministerio del Interior a proteger a líderes de la comunidad Zenú, de la que hacía parte del Cabildo de San Andrés de Sotavento que integraba la víctima, en ninguna de ellas aparece el nombre de este profesor como receptor de dichas medidas.

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