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Colprensa Miércoles, 7 de septiembre de 2016

Así lo decidió este martes la Sala Plena al avalar la ponencia que presentó la magistrada Rocío Araujo, que se estudiaba desde el pasado 31 de marzo y a la cual se le hicieron ajustes después de una primera presentación ante los magistrados. 

En ese sentido, la Sala explicó que en realidad en el proceso de elección no hubo una verdadera terna puesto que María Mercedes López renunció a la misma y solo quedaron Ordóñez y Orlando Gallo.

Además, se indicó que la Corte Suprema de Justicia debió aceptar el impedimento de los magistrados Ruth Marina Díaz, Javier Zapata y Jorge Mauricio Burgos antes de candidatizar a Ordóñez para ser procurador por segunda vez.

Esto, porque manifestaron claramente que tenían familiares trabajando en la Procuraduría y, aún así, no les fueron aceptados los impedimentos y participaron en el debate.

Igualmente, Araujo reiteró que como la Constitución no permite la reelección para el cargo de Procurador General, entonces esta ya era ilícita. 

Ordóñez fue elegido como procurador para el periodo 2009-2012 y reelegido para el periodo 2013-2017 por el Senado de la República en sesión del 27 de noviembre de 2012.

Una vez el procurador Ordóñez sea notificado de la decisión, la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda asumirá como encargada mientras se termina el proceso de elección del nuevo Procurador que ya está en marcha.

El proceso

Este proceso ha tenido un extenso debate por recusaciones e impedimentos de magistrados (solo se terminó de definir esto en octubre de 2015) y dos ponencias anteriores que pedían primero mantenerlo en el cargo y luego revocarlo.

A esto se sumó un nuevo episodio a mediados de este año cuando la magistrada Araujo consideró que Ordóñez estaba incurriendo en actuaciones dilatorias y ordenó abrirle una investigación. Este hecho fue reversado por la Sala Plena posteriormente.

La ponencia de la magistrada Araujo fue discutida sin la presencia de los consejeros de estado María Elizabeth García González, Danilo Rojas Betancourt, Jaime Orlando Santofimio y Roberto Augusto Serrato, quienes estaban impedidos. Al igual que sin Rafael Vergara y Carmen Teresa Ortíz que culminaron su periodo como magistrados.

Pero antes que pasara a Sala Plena tuvo dos proyectos de fallo que presentó el magistrado de la Sección Quinta, Alberto Yepes.

La primera ponencia estimaba que como la Constitución no señalaba expresamente que el procurador no podía ser reelegido, se entendía que el Senado sí podía hacerlo. Dicha posición ya la había postulado Yepes en un fallo de octubre de 2012, en la que se trataba la reelección del rector de la Universidad de Cundinamarca para el periodo 2011-2015, Adolfo Miguel Polo Lozano.

La segunda ponencia cambió esa percepción y estimó que la reelección de Ordóñez es ilegal porque no está expresamente permitida en la ley y los servidores públicos solo pueden hacer lo que la norma expresamente les dice que pueden hacer.

La demanda

La demanda de Uprimny, aceptada por el Consejo de Estado en marzo de 2013, dice que hubo irregularidades en el proceso de votación y reelección de Ordóñez, el 27 de noviembre del 2012. Una de las razones es que durante la reelección del procurador, no se tuvieron en cuenta los impedimentos que presentaron varios congresistas porque tenían familiares trabajando en la Procuraduría.

Para el demandante es claro que en este caso se violó de manera directa el artículo 126 de la Constitución, pues Ordóñez habría nombrado personas que tenían parentesco con quienes intervinieron en su designación.

“Es claro que en el momento de que la Corte Suprema ternó a Ordóñez para ser reelegido, varios magistrados tenían familiares trabajando en importantes cargos en la Procuraduría, lo cual configura una flagrante violación a la norma”, indicó el jurista.

Igualmente, señala que al menos 59 senadores que votaron en favor de Ordóñez, de un total de 80, al momento de la elección tenían algún conflicto de interés, por lo que pide que estos votos sean restados.

Reacción del procurador

Unos minutos después de la decisión del Consejo de Estado, el procurador Alejandro Ordóñez realizó una declaración pública: “se acaba de cumplir el pacto de la Habana: la expulsión del Procurador. Respeto y acato la decisión del Consejo del Estado. Soy un hombre de Estado y defensor de las instituciones, no comparto la decisión pero la respeto por tratarse de uno de nuestros máximos tribunales del cual además fui magistrado. Por mi talante no interpondré recurso alguno contra la sentencia, no presentaré tutelas ni acudiré a organismos internacionales simplemento la acepto con resignación cristiana”. 

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