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Colprensa viernes, 1 de noviembre de 2013

El Consejo de Estado declaró “administrativa y patrimonialmente responsable” al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) de la muerte de un recluso en la cárcel la Nacional Modelo, en una riña en diciembre del 2000. Ordena, además, indemnizar a la familia de la víctima con $218 millones.

La corporación explicó que aunque en el caso concreto se adelantaron acciones para evitar la muerte del interno, “el resultado es consecuencia de la desorganización prolongada y generalizada del sistema penitenciario del país, no solamente atribuible al Inpec, sino a todas las instancias encargadas de la configuración de la política criminal y carcelaria”.

La magistrada ponente de la sentencia, Stella Conto Díaz, señaló que la situación general en las cárceles del país genera una falla del sistema que hace que la Nación responda por los daños que afrontan las personas que están allí recluidas. “Así como pueden existir fallas del servicio por parte de la vigilancia del penal, otras fallas se derivan de un estado de desorganización que imposibilitan a las autoridades actuar, en cada caso, con diligencia”.

La situación de hacinamiento fue calificada por la jurisprudencia como un estado de cosas inconstitucional que hacen parte de las fallas sistemáticas. “Aunque no exista certeza de una falla en el servicio, es decir, no resulten reprochables las actuaciones específicas de la administración en razón de los hechos, el sistema carcelario en sí mismo afronta una desestructuración sistemática y una negligencia prolongada”.

Según la decisión, la Nación debe responde cuando existe una falla del sistema, así como de la prestación de los sistemas organizativos tales como el carcelario, el de salud y el educativo, entre otros.

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