Miércoles, 21 de junio de 2017

Para el tribunal, la responsabilidad de estos hechos no es atribuible al Estado debido a que la detonación, en el Barrio Veracruz de Bogotá, no fue previsible por parte de las autoridades. 

Para la toma de la decisión fue fundamental la consideración de que el atentado no se perpetuó contra una edificación del Estado o contra algún representante estatal, y por ello no es posible afirmar que se hubieran presentado fallas por parte de las autoridades quienes se encontraban presionadas por los miembros del narcotráfico.
 
Dentro de los argumentos presentados por los magistrados del alto tribunal para adoptar la decisión está que los atentados financiados por el narcotráfico no son responsabilidad del Estado, quien por el contrario emprendió múltiples acciones para contrarrestarlos. 

Adicionalmente, la Sección Tercera dio instrucciones para mejorar las políticas públicas que rigen estos casos en los cuales no puede responsabilizarse a la Nación por los daños y afectaciones a las víctimas, pero si considerar un fondo para responderles.

El atentado se realizó el 30 de enero de 1993 y dejó un saldo de 24 muertos.