La entidad expidió una función de advertencia porque presuntamente se estarían usando dineros del Fondo del Magisterio para la reliquidación de pensiones de jubilación de profesores para personas que no tienen el derecho.
Según explicó la contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, existe un “grave riesgo de pérdida de recursos, producto del embargo de $141.868 millones, dineros de carácter inembargable”.
La Contraloría informó que estos embargos se han realizado en los juzgados promiscuos del Circuito de Planeta Rica en Córdoba, y Civil de Lorica, también en Córdoba.
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