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Colprensa martes, 6 de agosto de 2019

Buscan fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción como a la ejecución de recursos públicos

La Contraloría General de la República y la Red Universitaria Anticorrupción (Reduva), suscribieron una alianza que busca fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción especialmente frente a la ejecución de recursos públicos para proyectos de infraestructura educativa y para el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Reduva, que agrupa a universidades y estudiantes de diferentes instituciones de educación superior del país, unirá esfuerzos con la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, para que las instituciones de educación actúen como veedores del buen uso de los recursos y los bienes públicos.

“Para hacer efectiva la contribución de los ciudadanos y de las organizaciones sociales en el control y vigilancia de la gestión pública, la CGR se une a la Reduva posibilitando la unión entre el máximo órgano de control fiscal del país, con el control que hacen los ciudadanos y en particular esta organización que pretende educar a la población colombiana en principios y valores para crear una cultura en torno a la transparencia, el valor por lo público y el deber social con el país”, destacó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

“Estos estudiantes que visibilizan tanto los actos de corrupción, como las buenas prácticas, para que la ciudadanía tome conciencia de la situación actual del país y se motive a luchar contra la corrupción, son fundamentales en el Control Fiscal que adelanta la entidad, puesto que necesitamos motivar, promover, formar y garantizar una participación activa y comprometida de la
ciudadanía para vigilar el manejo de lo público”, añadió.

La idea de esta Alianza por el Control Social es identificar y solucionar problemáticas La Contraloría en desarrollo de su misión Constitucional, vigilar el buen uso de los recursos públicos, ha desarrollado instrumentos y herramientas de fácil acceso para la ciudadanía, con el fin de que se vinculen de manera activa a la vigilancia de la gestión pública para que la lucha contra la corrupción y la garantía de la buena inversión de los dineros del
Estado, sea una realidad.

El control fiscal participativo se articularán el control ciudadano de estudiantes universitarios y el control fiscal específicamente para identificar y solucionar problemáticas en el PAE y la estrategia Compromiso Colombia con la que la CGR acompañará a las entidades y a la ciudadanía, en la ejecución de obras vitales de infraestructura y proyectos que presentan dificultades y que son fundamentales para el país. Se trata de obras que alcanzan los $10 billones.

“Junto a la Reduva le haremos seguimiento al acuerdo que hemos promovido con el Fondo de Infraestructura Educativa-FFIE, con el cual vamos a acompañar a la ciudadanía afectada por la construcción de 231 colegios en los departamentos de: Boyacá, Córdoba, Cundinamarca, Bolívar, Huila, Quindío, Cauca, Chocó, Valle, Arauca, Antioquia, Cesar, Guainía, La Guajira, Risaralda, Sucre, Santander, Meta, Casanare, Atlántico, San Andrés, Tolima, Caldas,
Nariño, Amazonas y el Distrito Capital”, precisó el Contralor Delgado para la Participación Ciudadana.

Reduva
Desde el Centro de Investigaciones, la Reduva adelanta una investigación sobre las posibles causas y factores que perpetúan formas de corrupción dentro del PAE.

En el desarrollo de dicha investigación y en la revisión de literatura académica, han encontrado tres ejes que consideran pertinentes para su estudio y análisis a la hora de abordar las causas de la corrupción dentro del programa: la etapa precontractual, la ejecución y la veeduría ciudadana.

En ese sentido, con base a lo identificado y teniendo como punto de referencia la experiencia de una ciudad y un municipio exitoso, buscan proveer recomendaciones de política pertinentes a las instituciones responsables para mitigar esas formas o fenómenos de corrupción dentro del Programa.

Además, buscan identificar o diseñar los mecanismos o incentivos necesarios para fortalecer la veeduría ciudadana, basado en soluciones tecnológicas e innovadoras que propendan a la generación de pertinencia y valor por lo público.

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