viernes, 7 de octubre de 2022
Las responsables fiscales fueron María Magdalena Fandiño Beltrán y Rosmery Malaver Figueroa. Además, el fallo fue de $25.821 millones
La Contraloría General de la República, en cabeza de Carlos Hernán Rodriguez, profirió un fallo con responsabilidad fiscal por valor de $25.821 millones de pesos contra dos exfuncionarias directivas del Banco Agrario y la firma Estrategia en Valores S.A, Estraval, por detrimento patrimonial resultado de la compra de cartera de libranzas por parte del banco.
Esto debido a que el 17 de junio de 2014 el Banco Agrario suscribió un contrato de compraventa de cartera de libranzas a descuento con Estaval, sin embargo, la Contraloría estableció que dicha firma incurrió en mora en las transferencias de los flujos de cartera desde abril de 2015 hasta marzo de 2016.
De esta manera, las responsables fiscales fueron María Magdalena Fandiño Beltrán, en calidad de Vicepresidente de Banca Agropecuaria del Banco Agrario de Colombia; Rosmery Malaver Figueroa gerente Nacional de ventas de banca de Consumo del Banco Agrario de Colombia; Estrategias de Valores S.A – Estraval, con representación legal de Cesar Fernando Mondragón y también se declaró a la firma Chubb Seguros Colombia S.A como tercero civilmente responsable.
Entre las irregularidades que detectó la Contraloría está que el flujo de los pagarés vendidos a los clientes no generó la rentabilidad prevista, se usó una misma libranza vendida varias veces; hubo libranzas sin recaudo y con pagos a los inversionistas. Finalmente, se generaron libranzas con recaudo inferior al pago realizado a los inversionistas.
Estas razones llevaron a que en junio de 2016 el Banco Agrario adoptara la determinación de revocar el mandato de la administración y recaudo de cartera, solicitando a las cooperativas originadoras la transferencia de las sumas de dinero descontadas a trabajadores y pensionados. Sin embargo, las cooperativas se negaron a aceptar la solicitud del banco argumentando que el dinero se encontraba en disposición de la Superintendencia y por esto a la firma de valores fue objeto de una medida cautelar.
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