Contraloría propone ampliar la ley de víctimas

El crecimiento del número de víctimas registradas cambia sustancialmente el plan financiero y de sostenibilidad de la ley inicialmente fijado.  En cuanto al tema de reparación de viviendas, pasó de $454.500 millones en 2011 a $580.000  millones en 2014. Con esos recursos se han realizado proyectos de vivienda que hasta la fecha no han sido terminados, y muchos de ellos han sido siniestrados, con lo cual, se podría afirmar que es uno de los componentes que mayor frustración ha generado, dice el último informe de auditoría de la CGR.

A través de un comunicado, la Contraloría explicó que “de una meta contemplada de entrega de viviendas urbanas de 23.860, se ha entregado certificado de habitabilidad a 14.350 familias víctimas (60%). En vivienda rural el cumplimiento es mayor, por encima del 90 %”.

Además, agregó, “estos resultados son bajos, si se tiene en cuenta que de 1.380.591 grupos familiares, 47,4 % declaró en la Encuesta Nacional de Víctimas  haber perdido su vivienda, es decir, 658.192 grupos familiares”.  En el caso de la indemnización en efectivo, luego de haber tenido un crecimiento importante de recursos entre 2011 y 2012, de $569.900 millones a $956.000 millones, respectivamente, en los siguientes años hubo una disminución por este concepto de $300.000 millones, dejando un monto de recursos de $652.000 millones en 2013 y $621.000 millones en 2014.

De acuerdo con la Contraloría, “hasta la terminación del primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos fueron realizadas 420.841 indemnizaciones.