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Actualidad

Contraloría reitera preocupación por los altos índices de siniestralidad vial en el país

Un estudio realizado por la entidad en el año 2023 determinó que las atenciones de víctimas en el año 2022 superaron el millón de casos por atenciones en salud, incapacidad permanente, entre otras

02 de julio de 2024

Sofía Alexandra Duarte Torres

sduarte@larepublica.com.co

Contraloría General de la Nación
Contraloría General de la Nación
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La Contraloría General de la Nación reiteró su preocupación por la población afectada en eventos de transporte. Esto teniendo en cuenta que, según la entidad, en 2022 y 2023 se tuvieron los registros más altos del siglo XXI, superando las 8.600 víctimas.

Así las cosas, la entidad informó que "la CGR identificó que luego de más de diez años de creada la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, aún no se cuenta con indicadores para el seguimiento de los lesionados sobrevivientes".

Por otro lado, el estudio realizado por la entidad en el año 2023 determinó que las atenciones de víctimas en el año 2022 superaron el millón de casos por atenciones en salud, incapacidad permanente, transporte, muerte y gastos funerarios, todo ello con un monto superior a $2,7 billones.

También se informó que para los años pasados, la meta en cantidad de personas fallecidas por año estaba definida en 7.015 y 6.675 respectivamente. Aún así, según los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, hubo 8.469 y 8.546 personas fallecidas en eventos de transporte para estos períodos.

Por lo anterior, la Procuraduría señaló que "el problema público como consecuencia de los sinestros viales y sus efectos negativos por estas muertes prematuras y lesiones graves, tienen amplias consecuencias sociales y económicas reflejadas en la salud pública, la calidad de vida de las víctimas y sus familias, procesos administrativos", entre otros.

Finalmente, se realizó un llamado al Gobierno Nacional ante la numerosa población afectada en siniestros viales y sus impactos, los costos acarreados al sistema de seguridad social e impacto a la calidad de vida de las víctimas para que, junto a otras entidades se diseñen e implementen "las políticas públicas de salud y seguridad vial, para que mejoren su articulación y para que prioricen la adopción de las acciones necesarias y suficientes que garanticen la pronta disminución de la alta siniestralidad vial en el país."

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