martes, 9 de junio de 2020
La idea es garantizar la salud y la integridad de las víctimas del conflicto que se han visto afectadas a raíz de la pandemia por el covid
La Contraloría General de la Nación en conjunto con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación invitaron a que los alcaldes y gobernadores del país a que lleven adelante proyectos y programas dirigidos a las víctimas del conflicto armado, en los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) los cuales tienen plazo de ser radicados antes del 15 de junio.
A través de una carta de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas, la cual esta conformada por las entidades mencionadas y tres representantes de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas, se instó por el desarrollo de estrategias colaborativas con las entidades nacionales del Sistema de Atención y Reparación Integral de Victimas, para garantizar la salud de e integridad de las víctimas del conflicto que se han visto afectadas a raíz de la pandemia por el covid-19.
“La implementación de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se ha visto enfrentada a varios obstáculos derivados de la emergencia, por lo que se requiere que los Planes de Desarrollo Territorial contemplen con mayor fuerza líneas estratégicas, las cuales, a su vez, se deberán materializar en los Planes de Acción Territoriales”, se expresa en la misiva enviada.
Adicionalmente indica que de acuerdo al artículo 193, se debe garantizar la participación efectiva de las víctimas en el diseño, implementación, ejecución y cumplimiento de los programas que se crean en ocasión de la misma y que se dispongan de medios necesarios para el acceso a la información
Así mismo se precisó que las entidades territoriales que no hayan presentado sus PDT pueden ponerlo a consideración de las asambleas o consejos municipales hasta el 15 de junio, y quienes ya lo hicieron se podrá llevar a cabo modificaciones de acuerdo con el Decreto 683.
“Se recomienda fortalecer las iniciativas de control social, entre las que se incluyen las veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, enfocadas a promover el seguimiento y la evaluación de los planes, programas y en especial aquellos establecidos en el Acuerdo de Paz y la Política Pública de Víctimas”, concluye la carta.
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