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Stephanny Pérez - sperez@larepublica.com.co Martes, 28 de febrero de 2012

La Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) sigue siendo protagonista de `escándalos` por irregularidades. Por un lado se ejerce justicia por la presunta responsabilidad de Omar Figueroa, en el manejo irregular de bienes incautados por la Fiscalía, y por el otro, las acusaciones de la gestión de la liquidadora de la DNE.

Las denuncias están al mando de Óscar Julio Montenegro, Secretario general del Sindicato de la entidad, quien afirmó en La W que la liquidadora María Mercedes Perry, autorizó contratos y adiciones por más de $1.500 millones a favor de la empresa Almagrario, de la cual Perry, era socia hasta días después del 6 de enero, fecha en la cual solicitó ante la Cámara de Comercio el registro de la empresa pública.

La denuncia fue presentada por los representantes de los trabajadores a la Procuraduría, Contraloría y la Fiscalía General de la Nación, con las razones expuestas más un anexo de un contrato por valor de $1.200 millones, asignado a Almagrario, con el fin de que cuidara vehículos y aeronaves en una de sus bodegas. De igual modo, entregaron el formato de la adición que fue renovado a los días por $313 millones más.

En su defensa, Perry manifestó que actualmente no forma parte de Almagrario y que su renuncia fue presentada antes de postularse a la DNE, y agregó que 'es magnífico que las entidades reguladoras estatales realicen esta intervención'. En cuanto a los contratos, aseguró que Almagrario es una entidad del Estado y por esta razón, las adiciones estaban autorizadas.

Otro punto de discusión por parte del Sindicato, está relacionado con los contratos laborares que desde el 15 de enero están sin renovación, entre los cuales está el de la contratista Edith Garzón, quien firmó dichos contratos en cuestión, 'sabiendo que los contratistas no pueden responder por las inversiones del erario público, los únicos autorizados son los empleados de planta', dijo Montenegro.