Corte Constitucional advierte fallas en la protección de firmantes de paz y exige medidas

Al revisar el seguimiento a las órdenes impartidas, la Sala concluyó que todavía no existen resultados suficientes para demostrar que las instituciones creadas para garantizar la seguridad de los excombatientes estén funcionando de manera efectiva. Por ello, solicitó al Ejecutivo presentar, en un plazo de 30 días hábiles, un informe detallado sobre la incorporación de estas medidas en el próximo PND, el cronograma de elaboración y la continuidad de los recursos destinados a la implementación de la paz en los siguientes presupuestos.

Uno de los puntos que generó preocupación en la Corte fue la situación financiera de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Según un informe de la Defensoría del Pueblo revisado por la Sala, la entidad enfrenta un bloqueo de recursos cercano a $53.000 millones, que afecta proyectos productivos, beneficios económicos, antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, así como apoyos para el traslado de personas que enfrentan riesgos extraordinarios.

A este escenario se suma que el proyecto de presupuesto para 2027 contempla una reducción de 79,1% en los recursos de inversión de la ARN. La Corte manifestó dudas sobre la disponibilidad presupuestal para mantener las medidas de reincorporación y las garantías de seguridad de los firmantes.

Fallas en los mecanismos de implementación

La Sala también encontró dificultades en el funcionamiento de las instancias encargadas de coordinar y hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo Final. Entre ellas está la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, cuya capacidad institucional debe garantizarse mediante personal, recursos y herramientas suficientes para articular a las distintas autoridades.

Aunque el Gobierno manifestó su intención de fortalecer esta dependencia y convertirla en una Consejería Presidencial, la Corte señaló que ese cambio todavía no se había materializado en medidas concretas. Por esta razón, pidió asegurar que la entidad tenga capacidad institucional, recursos presupuestales, talento humano y jerarquía suficiente.

Asimismo, requirió garantizar la continuidad de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y poner en funcionamiento el sistema de información y monitoreo del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP).

La Corte advirtió que no cuenta con información suficiente para establecer si estas instancias sesionan regularmente, adoptan decisiones y evalúan los resultados de las medidas de seguridad dirigidas a los firmantes.

Dentro de las demás disposiciones, el alto tribunal pidió a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección hacer seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad y Protección; a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encargada de monitorear la política de desmantelamiento de organizaciones criminales, y al Sistema Nacional de Reincorporación, que deberá garantizar el funcionamiento del subcomité responsable de coordinar y evaluar los programas para esta población.

Para verificar el cumplimiento de estas órdenes, la Corte estableció plazos de 20 días hábiles para presentar informes sobre el funcionamiento de los mecanismos de seguimiento y las medidas adoptadas. En el caso de la entidad encargada de coordinar la implementación del Acuerdo y del componente de paz del Plan Nacional de Desarrollo, el plazo fijado es de 30 días hábiles.