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Colprensa jueves, 12 de mayo de 2016

Así lo determinó la Sala Plena al fallar una tutela interpuestas por un grupo de desplazados quienes afirman que dicho terreno, denominado Hacienda Bellacruz en el sur del Cesar, no era de pertenencia de la empresa M.R de Inversiones SAS como lo había determinado el Incoder en dos resoluciones de 2015.

La Sala Plena, con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz, falló a favor de la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada (Asocol) y ordenó dejar sin efectos dichas resoluciones para que se continúe con el proceso de recuperación de esos terrenos para que sean entregados a campesinos.

La Corte le ordenó a la Agencia Nacional de Tierras que debe identificar a los solicitantes de los baldíos que fueron objeto de despojo de la Hacienda Bellacruz, por parte de paramilitares, y establecer quiénes de estos en realidad cumplen los requisitos para ser beneficiarios de la adjudicación de esos terrenos.

Igualmente, la Agencia deberá "iniciar el proceso de división material y posterior ocupación de los bienes baldíos, conforme a la reglamentación pertinente sobre Unidades Agrícolas Familiares UAF en la zona, el cual debe terminar a más tardar un año”, en un proceso que deberá estar acompañado por la Procuraduría y la Contraloría.

De la misma manera, el tribunal le ordenó al Superintendente de Notariado y Registro que en tres días, después de la notificación de la sentencia, cancele los registros de propiedad de M.R de Inversiones SAS y en consecuencia se disponga ordenar la inscripción en el registro de tierras de las resoluciones que el antiguo Incora había dictado, asegurando que eran terrenos baldíos.

Igualmente, la Contraloría deberá iniciar una investigación para determinar si hubo en este caso algún detrimento patrimonial.

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