Corte posterga juicio contra congresistas del caso Ungrd para después de elecciones
Debido a un empate en la votación interna, el proceso no se resolverá antes de los comicios legislativos, dejando en suspenso la situación
06 de marzo de 2026
Corte Suprema de Justicia decidirá sobre capturas a políticos relacionados al caso Ungrd
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia postergó hasta el 10 de marzo la decisión de llamar a juicio a cinco congresistas y un exlegislador vinculados al caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd. Esta determinación implica que no habrá una resolución judicial sobre los implicados antes de las elecciones legislativas del 8 de marzo.
La sala no alcanzó un consenso tras dos días de debate sobre la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, lo que requiere ahora la intervención de conjueces para destrabar la votación. El proceso investiga presuntas irregularidades en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, donde se habrían acordado beneficios económicos a cambio del aval para créditos internacionales solicitados por el Gobierno.
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Entre los señalados se encuentran Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y el exrepresentante Juan Diego Muñoz. La investigación tomó impulso tras las declaraciones de exdirectivos de la Ungrd, quienes señalaron la existencia de un esquema de sobornos y direccionamiento de contratos.
Uno de los puntos que dificultó la decisión unánime fue la situación particular de Juan Diego Muñoz. Existieron discrepancias dentro de la Sala sobre la cohesión del expediente en su contra en comparación con los demás procesados. Ante la falta de acuerdo para dictar una medida de aseguramiento o detención preventiva, los magistrados optaron por ampliar el plazo de deliberación, dejando el futuro jurídico de los investigados pendiente de las nuevas designaciones de la magistratura.
La relevancia de este aplazamiento radica en que dos de los investigados, Wadith Manzur y Karen Manrique, se encuentran actualmente en campaña para buscar su permanencia en el Congreso. La justicia busca determinar si existió una entrega de contratos en municipios específicos a cambio de votos parlamentarios. Mientras tanto, otros actores de alto perfil en el mismo escándalo ya enfrentan medidas restrictivas de la libertad, lo que mantiene la atención sobre el desenlace de esta pieza del expediente.
El caso continuará su curso una vez se nombren los conjueces necesarios para emitir un fallo definitivo. La Corte ha recopilado pruebas documentales y testimoniales que sugieren una coordinación entre legisladores y funcionarios para el desvío de recursos públicos.
De confirmarse la reelección de los implicados antes de un fallo, el proceso podría derivar en debates adicionales sobre la permanencia de sus curules y la aplicación de normas de control político en el Legislativo.
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