Corte Suprema de Justicia absolvió al exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria
Gaviria había sido acusado por la Fiscalía General de la Nación por hechos relacionados con un contrato entre la Gobernación y el Consorcio Troncal de la Paz
09 de octubre de 2026
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, absolvió a Aníbal Gaviria Correa, quien había sido gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Gaviria había sido acusado por la Fiscalía General de la Nación por hechos relacionados con el contrato de obra pública 2005-CO-20-335, celebrado el 22 de diciembre de 2005 entre la Gobernación de Antioquia y el Consorcio Troncal de la Paz, por valor inicial de $41.663 millones, cuyo objeto fue el mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz, en el tramo La Cruzada-Caucasia, sector Nuevo Oriente-Escarralao, así como con las modificaciones contractuales que elevaron su valor a $61.993 millones.
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La Corte analizó tres actuaciones cuestionadas por la Fiscalía General de la Nación, incluyendo la adición del valor del contrato y el incremento del porcentaje del anticipo entregado al contratista.
La Sala también descartó el delito de peculado por más de $5.200 millones, señalando que no existió una apropiación efectiva de recursos públicos ni un beneficio ilícito en favor de terceros, indicando que el manejo y control del anticipo correspondían a la interventoría y a las dependencias técnicas pertinentes.
"Las pruebas demostraron que el entonces gobernador ejerció seguimiento general sobre los proyectos departamentales, sin que se acreditaran advertencias o circunstancias específicas que le exigieran reasumir las competencias encomendadas. Frente al delito de peculado por apropiación en favor de terceros, determinó que no se demostró una apropiación efectiva de recursos públicos ni un beneficio ilícito atribuible al acusado. Además, estableció que el anticipo fue amortizado durante la ejecución contractual y que su administración y control directo correspondían a la interventoría y a las dependencias técnicas competentes", precisó el fallo de la Corte.
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