Costo de no actualizar el Sarlaft en el sector transporte puede ser de $2.600 millones

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Las empresas del sector transporte en Colombia enfrentan un nuevo escenario de cumplimiento tras la actualización del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Sarlaft, por parte de la Superintendencia de Transporte.

Esta nueva regulación eleva las exigencias para compañías de carga, pasajeros, transporte especial, concesionarios e infraestructura, con el objetivo de fortalecer los controles frente a estos riesgos.

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El incumplimiento de estas disposiciones le podría salir costoso. De acuerdo con el régimen sancionatorio establecido en el artículo 46 de la Ley 336 de 1996, las multas pueden alcanzar hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, smmlv, lo que equivale a más de $2.600 millones, dependiendo de la gravedad de la infracción. La autoridad evaluará factores como la reincidencia, el impacto de la falta y la capacidad económica de la empresa para determinar el monto final.

Con la actualización, el Sarlaft deja de ser un requisito meramente formal y pasa a exigir una gestión activa y comprobable del riesgo. Entre los principales cambios se encuentra la adopción de un enfoque basado en riesgos reales y medibles, lo que implica que las matrices deben sustentarse en datos y actualizarse periódicamente. También se exige una debida diligencia más profunda en el conocimiento de clientes, proveedores y aliados estratégicos.

Asimismo, la normativa introduce la obligación de implementar monitoreo permanente y garantizar trazabilidad en los controles, de modo que las empresas puedan demostrar evidencia verificable de su funcionamiento. A esto se suma la integración del Sarlaft con los programas de transparencia y ética empresarial, lo que amplía el análisis hacia riesgos de corrupción y soborno, además de una mayor responsabilidad de la alta dirección en la supervisión del sistema.

Más allá de las multas, el incumplimiento puede acarrear consecuencias operativas y reputacionales significativas. Entre ellas se incluyen la suspensión de actividades, la cancelación de habilitaciones, restricciones para contratar con el Estado y afectaciones en el acceso a financiamiento. Debido a esto, la actualización del Sarlaft obliga a las empresas del sector transporte a fortalecer sus esquemas de cumplimiento para evitar sanciones y garantizar su sostenibilidad.