Crowdfunding para contratar a un abogado y ganar un juicio

“Durante mucho tiempo, los ricos han tenido el mejor asesoramiento legal que el dinero puede comprar y los menos pudientes tienen acceso a ayudas para temas legales por sus bajos recursos. Pero, ¿qué ocurre con la inmensa mayoría de la clase media americana?” Bajo esta premisa nace Funded Justice, una plataforma de financiación colectiva dirigida a personas que no pueden pagar un abogado, pero que al no estar bajo el umbral de la pobreza o no cumplir ciertos requisitos, no tienen derecho a la asistencia gratuita.

A medio camino entre la solidaridad y lo que podría considerarse una inversión en toda regla, esta plataforma funciona de una forma similar a las de crowdfunding de cualquier otro sector. Un particular quiere iniciar un pleito y necesita dinero. Cuenta su caso en la página web, dice qué cantidad tiene que recaudar y en cuánto tiempo. Se inicia entonces la cuenta atrás.

En algunos casos, la contribución es totalmente altruista y el afortunado consigue el dinero suficiente para contratar a un abogado e iniciar el pleito. Suele tratarse de situaciones desesperadas, de historias aderezadas de dramas que consiguen movilizar la solidaridad de otras personas. De hecho, el presupuesto al que se aspira no es muy alto, por debajo de los US$1.000,  pero suficiente para intentar hacer justicia.

Lo más habitual es prometer que se devolverá el dinero, aunque en los procesos más ambiciosos, en los que se pretende obtener algún tipo de indemnización, generalmente se ofrece también una parte de este dinero, a modo de tipo de interés por el préstamo o participación en los beneficios del pleito. ¿Podría llegar este modelo a España? Por un lado, los umbrales para acceder al servicio de justicia gratuita hacen que este modelo sea menos interesante que, por ejemplo, en Estados Unidos, además de que los costes para acceder a los tribunales es menor que en el mundo anglosajón. En contra también figura la posibilidad de recurrir y de alargar los procesos durante años, desincentivando así que los inversores particulares contribuyan en campañas de financiación colectiva para pleitear. Sin embargo, “no es una locura pensar que el modelo podría funcionar en España”, apunta Miguel Ángel Pérez de la Manga, socio de la consultora legal Pérez+Partners. En su opinión, podría haber un nicho para este modelo, ya que, al igual que ocurre en Estados Unidos, hay una parte de la población que al superar los baremos para acceder al sistema de justicia gratuita, sigue encontrando dificultades económicas para plantear ciertas reclamaciones en los juzgados.