¿Cuál paz eligieron los colombianos?

No hay duda, la campaña consiguió trasmitir el mensaje pues muchos de los votantes del candidato-presidente -no todos- acudieron a las urnas bajo esas premisas. No se puede poner en tela de juicio el mandato ciudadano que Juan Manuel Santos recibió para buscar un acuerdo con las Farc y el ELN, pero sí queda una duda en el ambiente: ¿Cuál es realmente la paz que quieren los colombianos?

Lo primero que hay que decir es que las exigencias de quienes fueron derrotados el pasado 15 de junio no han dejado de tener peso en la opinión pública, y no desaparecerán de la discusión. Muchos políticos y analistas que se equivocaron en fungir como voceros de las Farc, dijeron que las condiciones que se anunciaban desde la campaña de Óscar Iván Zuluaga eran inaceptables en un proceso de negociación; sin embargo, está claro que los debates sobre la participación en política de los exguerrilleros o la posibilidad de que no paguen un día de cárcel, no están zanjados después de la elección presidencial.

En el segundo semestre del año pasado la Revista Semana, a partir de un estudio de la Universidad de los Andes e instituciones internacionales (Lapop), habló de las “contradicciones” de los colombianos con respecto al proceso de paz, pues mientras respaldaban los diálogos y veían la urgencia de un punto final a las confrontaciones, un 76% rechazaba la participación en política de los miembros de las Farc que se desmovilizaran, y ese mismo porcentaje pedía castigo aunque hubiera confesión de crímenes.

En otros puntos de la agenda los colombianos se muestran favorables a las pretensiones de la guerrilla, por ejemplo en cuanto a la expropiación de tierras improductivas para entregarlas a pequeños productores (67%), o el rechazo a la posibilidad de que empresas extranjeras puedan comprar tierras en Colombia (66%). Esto hace pensar que el punto álgido de la discusión no estará en las reformas sociales o económicas que resulten de los acuerdos, sino en el futuro de los líderes guerrilleros, en concreto en el espinoso tema indulto o la justicia transicional, y en la posibilidad de que accedan a cargos públicos. 

Aunque habrá que esperar el informe de Lapop 2014 para saber si han variado las posiciones de los colombianos frente al proceso de paz, encuestas recientes reflejan resultados similares a los ya citados. Lo que se percibe en el ambiente y se observa en toda medición, es que la ciudadanía está más cerca de una visión de la paz que privilegie la justicia y las penas tradicionales, que de propuestas alternativas como las que insinúa el Fiscal Eduardo Montealegre, quien además ha desestimado la injerencia de la Corte Penal Internacional (CPI) en caso de que los crímenes de las Farc queden impunes o las condenas sean insignificantes, y ha hablado de ver a Timochenko en el Congreso de la República. 

Allí está el verdadero desafío del presidente Santos, en que los colombianos quieren diálogo y negociación, anhelan la paz, pero no son muy condescendientes frente al enemigo público de toda la vida. El reto está en sacar adelante la refrendación de los acuerdos, eso dependerá de los términos en que se den, y será una campaña más dura que la que tuvo que dar para su reelección. Por ahora de las negociaciones solo conocemos informes que hablan de generalidades, y que ya causan escozor en algunos sectores al referirse, por ejemplo, a la “dejación” de armas y no a su entrega, según lo que se plantea en el inciso segundo del tercer punto del “Acuerdo General”.

Por todo lo anterior, el gobierno deberá hacer un gran esfuerzo para convencer a los colombianos de la bondad de los acuerdos, y la oposición tendrá que hacer lo suyo para conseguir que el proceso sea transparente y haya una refrendación con garantías. 

Para la dinámica de esa contienda ya hay varias preguntas: ¿El gobierno insistirá en cambiar las reglas para la realización de referendos cuando se trate de procesos refrendarios de diálogos de paz? ¿Qué papel jugarán los grupos de interés que se vean afectados por aquellos puntos acordados que no interesan al grueso de la opinión pública? ¿Se podrán utilizar recursos públicos para defender el proceso de paz como se ha hecho hasta el momento?  

¿Dónde estarán las armas de las Farc cuando los ciudadanos inermes acudan a las urnas? ¿Qué injerencia habrá de agentes internacionales como la CPI, EE.UU. o Venezuela una vez que se conozcan los detalles de los acuerdos? 

El pasado 15 de junio los colombianos no votaron para darle un cheque en blanco a los negociadores de La Habana,  la verdadera votación para decidir sobre el actual proceso de paz está aún pendiente.