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Carlos Parra Dussan viernes, 5 de abril de 2013

Existe un ambiente propicio para alcanzar un verdadero acuerdo de paz en Colombia, las partes están interesadas en hacerlo, hay respaldo institucional y social a la idea de la paz y existe conciencia del deber ciudadano por la paz.

De esta manera, la jornada del próximo 9 de abril requiere mucha conciencia y la concurrencia desde la diversidad y el pluralismo, con el fin de que el clamor del pueblo colombiano para exigir la paz, sea claro, contundente y alejado de estrategias políticas.

Las manifestaciones de paz son muy oportunas, ya que las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC acordaron retomar las conversaciones la tercera semana de abril, con el fin de realizar consultas con la Universidad Nacional y las Naciones Unidas, para la preparación del foro sobre participación política, segundo tema de la agenda que se llevará a cabo del 28 al 30 de abril en Bogotá.

La Constitución elevó la paz a derecho en el artículo 22, consagrando la paz como  un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos, por esto las manifestaciones sociales de paz, son aceptadas como válidas en las democracias.

Por su parte el artículo 95 constitucional, consagra entre los deberes de la persona y del ciudadano participar en la vida política, cívica y comunitaria y “propender al logro y mantenimiento de la paz”, siendo expreso este mandato para todos los ciudadanos, con el fin de mantener en la agenda pública, la demanda social por la paz.

Luego de 16 años de historia, el Mandato por la Paz sigue vigente, con la esperanza de una salida negociada al conflicto interno armado que vive el país, con los anhelos de paz puestos en los diálogos que se sostienen en Cuba.  De esta manera, se revive la iniciativa ciudadana, que en 1997 convocó históricamente a 10 millones de colombianos y colombianas a votar en las urnas, para comprometerse con la no violencia bajo la exigencia: “No más guerra,  no más atrocidad”.

Las manifestaciones, marchas y acciones previstas para el 9 de abril en la Plaza de Bolívar de Bogotá, así como otras actividades programadas, como las 100 constituyentes de la Marcha Patriótica, el Congreso Nacional de la Paz que se promueve por la Ruta Social Común para el 19 de abril, la Asamblea de la Paz que organiza el Congreso de los Pueblos, las mesas regionales para la agenda de la paz que lidera el Senado y la Semana por la Paz con el lema de Pactar la Paz y Construir la Convivencia de Redepaz, son hechos orientados a fortalecer políticamente la paz.

Estamos convencidos que sin la sociedad participante, abierta a construir el escenario del diálogo y a llevar a las dos partes a solucionar el conflicto social, armado y político no habrá paz sustentable, sostenible, creíble, cierta y real.

De esta manera, los ciudadanos somos parte del tercer actor múltiple, plural, que ejerce el derecho y deber a la paz, el derecho como una obligación de construirla entre todas y todos, afianzando la idea de que la llave de la paz la tiene la sociedad, el pueblo colombiano, una paz que debe implicar a todos los poderes y toda la sociedad, salvo que queramos prolongar indefinidamente este conflicto armado.

En conclusión, existe mayor conciencia del deber ciudadano por la paz, un incremento de las manifestaciones sociales de paz para exigir su cumplimiento, siendo reflejo de que existe un clima de mayores posibilidades de paz,  lo que habla bien de nuestra democracia.

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