Andrea del Pilar Mancera - amancera@larepublica.com.co Martes, 4 de diciembre de 2012

El Tribunal Superior de Bogotá decretó la nulidad de la imputación y el preacuerdo dentro del proceso que se le sigue al contratista Héctor Julio Gómez González, por el denominado “carrusel de la contratación de Bogotá”.

Esto al considerar que el preacuerdo firmado entre la Fiscalía y Gómez no cumplía con los requisitos legales exigidos por el ordenamiento jurídico ya que no se le endilgaron todos los delitos cometidos, se le concedieron beneficios a los que no tenía derecho y no reintegró el dinero apropiado por sus conductas punibles. El auto señala que “inexplicablemente, la Fiscalía no imputó cargos por el delito de celebración indebida de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y por el delito de cohecho propio, con los cuales se encuentra presuntamente comprometido este y los otros funcionarios que recibieron dádivas a cambio de la venta de la función pública para ejecutar actos contrarios a sus deberes.

Para la Procuraduría General de la Nación, en la aprobación del preacuerdo no se percataron que la Fiscalía le otorgó cuatro beneficios que acumulados superan el 50% del descuento de la pena, constituyéndose una violación flagrante de las garantías al debido proceso y el acceso de las víctimas, intervinientes y a la sociedad en general.

Así mismo, el contratista Emilio Tapia preacordó con la Fiscalía que pagará 13 años de detención domiciliaria y a cambio deberá aportar información de los hechos relacionados con el ‘carrusel’ de la contratación, además de declarar contra otros procesados por los mismos hechos. “En el marco de este preacuerdo la pena que se impondría a Emilio Tapia sería de 13 años de prisión, que equivale al máximo de la pena en este caso por colaboración y los delitos serían concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos”, señaló el fiscal Eduardo Montealegre.Tapia deberá indemnizar los perjuicios causados al IDU. “Estos perjuicios serán tazados por el juez de conocimiento una vez esté avalado el preacuerdo y dictada la sentencia correspondiente”, indicó Montealgre.

Por el mismo caso, la Fiscalía solicitó audiencia para imputarle tres nuevos delitos al abogado Álvaro Dávila. “La Fiscalía solicitó audiencia de imputación en su contra con los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho”, señaló Montelagre. Indicó además que solicitará medida de aseguramiento en contra del jurista. “Con el abogado se iniciaron algunas negociaciones para tratar de concretar algún preacuerdo. Negociaciones que no han culminado, que están en curso, mientras esto culmina en este momento la decisión de la Fiscalía es inmediatamente proceder a imputar”, aseguró.