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martes, 12 de junio de 2012

A todas las trabas y dificultades que plantea el fracasado y colapsado sistema penal acusatorio, debemos agregar lo interminable de los procesos, mismos que, ante la gran cantidad de audiencias innecesarias, terminan dilatándose por cuenta de los aplazamientos que permanentemente solicitan apoderados y funcionarios.

Esta situación ha dado lugar a que se hable del sistema penal aplazatorio sin que les falte razón a quienes utilizan este remoquete para referirse al más grande error histórico en nuestra historia legislativa.

La verdad es que los aplazamientos permanentes dentro de los procesos, ciertamente son frecuentes y dilatan las actuaciones, pero también es cierto que se deben a la estructura misma del sistema, y,para resolver esta cuestión tan preocupante, es necesaria una reforma legal, y un cambio cultural y mental en nuestros funcionarios y litigantes.

En cuanto a lo primero, esto es, la reforma legal, tenemos que la mitad de las audiencias en el sistema acusatorio son absolutamente inútiles, y podrían surtirse con un simple acto de trámite en el que se den a conocer las decisiones que toman los jueces. Así, es necesario suprimir todas las diligencias que se limiten a la lectura de documentos, como la lectura de acusación, la lectura de fallo, entre otras, y pensar en que la sola notificación de los documentos respectivos es suficiente.

Pero, por otra parte, nuestros funcionarios no deben confundir las excusas médicas, la interposición de recursos, las excusas por el cruce de audiencias, o por otros compromisos con la dilación intencionada de los procesos. Lamentablemente, de un tiempo para acá siempre que un abogado solicite de manera justificada el aplazamiento de una diligencia, llueven sobre él las críticas y las quejas, acusando al apoderado de dilator, cuando es el propio sistema quien propicia esta situación.

No está de más llamar la atención del Consejo de la Judicatura y del legislador, para que la compulsa de copias no siga siendo un acto irresponsable, sino que, por el contrario, las compulsas de copias que no lleguen a alguna decisión en contra del apoderado o del funcionario, generen una responsabilidad para quien inició el trámite, pues la realidad es que se ha convertido en una peligrosa arma para intimidar apoderados y funcionarios, sin resultados en las decisiones de las autoridades.

Francisco Bernate

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