Defensa de Jorge Alfredo Vargas reiteró que su silencio no significa que sea culpable

Hoy, lunes 3 de agosto, se realizará la audiencia de imputación de cargos contra el presentador y periodista Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual, y la firma Riveros Bazzani, en cabeza de sus socios fundadores María Paulina Riveros Dueñas y Juan David Bazzani Montoya, lo acompañarán en este proceso judicial así como en las demás etapas procesales.

Esta se realizará a las 3:00 p.m. de manera virtual y previo a ello, la firma manifestó que frente a "informaciones publicadas recientemente, queremos aclarar que la defensa no ha solicitado la reserva de las audiencias".

Por medio de un comunicado, expresaron "es importante precisar que Jorge Alfredo Vargas ha mantenido un prudente silencio, el cual no puede interpretarse, bajo ninguna circunstancia, como un reconocimiento de responsabilidad. Esa decisión responde al propósito de permitir que el proceso avance dentro de los cauces institucionales, con respeto por todas las personas involucradas".

Antes de la cita judicial, el 24 de marzo, el periodista salió de su cargo en Caracol Televisión por "mutuo acuerdo", donde llevaba más de dos décadas de trayectoria, esto junto a su colega Ricardo Orrego, quienes fueron señalados de forma simultánea por cometer actos de acoso a periodistas de este medio.

El expediente de Vargas quedó bajo el poder de la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema para revisar hechos que sucedieron "entre 2024 y 2026 y dan cuenta de cuatro víctimas que trabajaban con él en la misma empresa".

Antes del pronunciamiento de la Fiscalía, el Ministerio de Trabajo señaló que tras sus visitas realizada en abril en el canal, indicó que hubo "presunta existencia de conductas reiteradas de acoso sexual laboral, no limitadas a hechos aislados", con un "subregistro de denuncias, asociado al temor a represalias y la desconfianza en los canales institucionales".

También se halló una "falta de investigaciones disciplinarias estructuradas, pese a denuncias conocidas por el empleador y deficiencias en la trazabilidad y gestión de quejas, que comprometen la eficacia de los mecanismos internos, por lo que se habló de un posible riesgo de repetición de conductas y de vulneración de derechos".