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Colprensa Martes, 23 de septiembre de 2014

La Procuraduría General de la Nación destituyó a los responsables de las interceptaciones ilegales realizadas al exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez en 2009.

Se trata del intendente Ferney Enrique Galvis, funcionario de Antisecuestro del Gaula de la Policía en Fusgasugá; el investigador del CTI Aldo Francisco Pérez, y el centinela de la Guardia de la Policía de Cundinamarca Oswaldo Villamil Torralba, quienes fueron destituidos e inhabilitados por 15 años.

La decisión también cobija a Edwin Nicolás Acuña Chitiva, adscrito a la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional como analista en la Sala Escarlata Puma en la Dijin, quien fue destituido e inhabilitó por 12 años. La investigación señala que el patrullero Acuña Chitiva denunció ante el director Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía que el agente Villamil Torralba lo abordó para que, con ayuda del intendente Galvis Rojas, les “colaborara” para tener el control de la línea celular del magistrado Iván Velásquez.

De acuerdo con la Procuraduría, Acuña Chitiva intervino en la interceptación a cambio del pago de dinero por parte del agente Villamil Torralba y el intendente Galvis Rojas. El técnico “utilizó no solo su cargo, sino los medios de la institución, para que se diera dicha interceptación con la finalidad de entregarla a terceros sin ninguna justificación, pues nada tenía que ver la vida privada del afectado con la investigación que por secuestro y extorsión se estaba adelantando, lo que conlleva a que su conducta está revestida de ilicitud sustancial (…)”. Igualmente, la Procuraduría estableció que el investigador del CTI, Pérez Yosa influyó en el fiscal 269 local de Bogotá para que se expidiera la orden de interceptación de dicha línea. Lo mismo hizo el intendente Ferney Enrique Galvis Rojas ante un Fiscal Especializado delegado ante el Gaula de Fusagasugá y ante el jefe del Gaula de esa ciudad para que apoyara la solicitud de interceptación ante el coordinador de la sala de interceptaciones. “En consecuencia, el 18 de agosto de 2009 el Fiscal Especializado de Fusagasugá y el Intendente Galvis Rojas solicitaron esta interceptación”, señaló la Procuraduría.

El Ministerio Público concluyó que Galvis utilizó su cargo e indujo a servidores para que fuera posible tanto la orden de interceptación del magistrado auxiliar, así como se ejecutara dicha orden en la Sala Puma.

Contra esta determinación, procede el recurso de apelación.

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