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Actualidad

Detectan fallas en la Registraduría Nacional

26 de febrero de 2015

Geraldine Romero


Asuntos Legales
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Dentro de las eficiencias encontradas, se identificó que el sistema MorphoTop, que es utilizado para  capturar las huellas en vivo, no estaba  funcionando de manera  correcta, lo que  provocaba  tardanzas  en la elaboración de cédulas  de primera vez, rectificaciones y renovaciones.

Casos, como en la ciudad de Barranquilla, la tardanza para  producción y entrega de documentos de identidad  estaba entre 18 y 24 meses,   así mismo se encontró  que la base OneBase , donde se realizaba la digitalización del formulario E-11 estaba  desactualizada,  lo que no permitía verificar a los sufragantes para ejercer el derecho al voto en las elecciones.

La comisión auditora señaló que durante el año 2013, 10% por concepto de  expedición de copias  de Registros Civiles aumentó a $1.453,3 millones, recursos girados por 661 notarías  de las 767 que están autorizadas. Es decir  que 106 Notarías no reportaron valor económico por las copias de Registro Civil realizadas  en 2013.  Además se evidenció  falta de control en depuración del Censo Electoral, pues se percibió la ausencia  de un sistema que ayudará a reportar las novedades, desconociendo así cuales  cédulas  se encontraban aptas para votar.

Respecto al nombramiento de los  jurados para las elecciones, se  comprobó que por deficiencias  de control del sistema, algunas personas aparecían como jurados en dos puestos diferentes  de votación en la misma jornada de elecciones, lo que traía como consecuencia sanciones por  inasistencias, estos actos debían ser  revocados luego de conocer que habían sido un error.

En cuanto a fallas de contratación, la Registraduría Nacional estimó en 2013 la realización de 281 contratos, por $ 543.820 millones, destinados para contratación directa, licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y mínima cuantía. Sin embargo, en la auditoria realizada por la Contraloría, se revisaron  un total de diez contratos por un monto de $476.219,8 millones.  Al  evaluar la distribución  de los recursos estatales para la financiación de partidos políticos, se hallaron inconsistencias en la información dada oficialmente, pues se encontraron situaciones en donde se generaron entregas mayores o menores de recursos a los partidos políticos.

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