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Colprensa Jueves, 24 de mayo de 2012

La Contralora, Sandra Morelli, aseguró que el problema de la salud no es solamente del modelo, sino de los operadores, así como de la debilidad en el control que ejerce la Superintendencia.

'En este momento tenemos embargo por $200.000 millones en el caso de una EPS , pero suponemos que el detrimento podría ser superior a $1 billón.'dijo. En el caso de Saludcoop, aseguró, que se investiga un detrimento patrimonial superior a $1 billón en los últimos cinco años, por lo cual incluso se investiga varios funcionarios de entidades públicas.

Esto por un nuevo capítulo que abrió ayer la Procuraduría General de la Nación dentro del proceso de investigación que se adelanta en contra de Saludcoop por el sonado 'carrusel de la salud'.

El Ministerio Público formuló pliego de cargos al cuerpo directivo y miembros del Consejo Directivo de Saludcoop, entre esos al ex directivo de la entidad, Carlos Augusto Palacino Antía, por haber desatendido, supuestamente, las instrucciones que debían observar en la formulación de recobros y por una presunta apropiación de recursos públicos en provecho propio.

De acuerdo con las pruebas recaudadas, los investigados, dentro de los cuales están también la vicepresidenta administrativa, Carolina Lamus y el vicepresidente financiero, representante legal Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, habrían incurrido en faltas gravísimas al realizar recobros al Fosyga por medicamentos, servicios médicos o prestaciones excepcionales en salud no POS y fallos de tutela, utilizando como soporte el pago de cheques girados que no fueron entregados a sus beneficiarios según el resultado de una auditoría forense practicada.

Según la investigación, el Fosyga canceló cuentas de cobro que presentó a la EPS de servicios que supuestamente ya habían sido facturados y cobrados para su devolución pero, al parecer, Saludcoop en realidad 'no realizó los pagos soportados en los cheques, pero sí realizó los cobros al Fosyga'.

De acuerdo con el abogado Ignacio Cantillo, los posibles cargos que podría proferir la Procuraduría en contra de los directivos serían los de peculado por apropiación indebida de los recursos.

Lo anterior, según el especialista toda vez que 'los administradores de las entidades tienen la obligación solamente de destinar los recursos públicos solamente a aquellos asuntos que ellos, por ley o por decreto, están autorizados para hacerlo. En esa medida cuando se utilizan para hacer otras cosas que no tienen fundamento legal, pueden estar incursos en un delito, que puede ser peculado por apropiación o peculado por destinación específica', aseguró.

A propósito del tema, Libardo Espitia de la Red de Veedurías Ciudadanas, aseguró que el año pasado esta entidad presentó a la Procuraduría varias denuncias contra Diego Palacio Betancourt, pero según el Ministerio Público no encontró méritos suficientes para adelantar las investigaciones disciplinarias formales.

'Por tal razón, esta Veeduría está elaborando las respectivas denuncias por omisión contra el Procurador General, Alejandro Ordoñez', dijo Espítia.

Las investigaciones que recaen sobre esta entidad se suman a las denuncias que a principios de este mes realizó la entonces contralora delegada de Investigaciones Especiales y operadora fiscal de Saludcoop, Adriana Posso, según las cuales habían fuertes indicios que apuntaban a que la EPS habría planeado su intervención, con tal de que esta fuera saneada por el Gobierno. Según la funcionaria, la entidad tendría a su cargo informaciones que daban cuenta de comunicaciones en las cuales se planeaba la intervención al interior de la entidad para que esta fuera devuelta.

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